Pacto fiscal, ¿por qué el Estado no puede evitarlo?
Como quiera que hay tanto fanático haciendo ‘elucubraciones supranacionalistas y patrioteras’ para esquivar las responsabilidades redistributivas del Estado para con las regiones, es bueno recordar que la creación de la República de Bolivia fue por la decisión de los delegados de las republiquetas, que durante 15 años lucharon por independencia, tras 333 años de presencia de la Corona española en estas tierras (no 500).
Recordemos cuándo se fundaron cada una de las ciudades coloniales que se rebelaron contra España: Charcas (1539), Potosí (1545), La Paz (1548), Santa Cruz de la Sierra (1561, la única que era capital de gobernación y sede de obispado) Cochabamba (1571), Tarija (1574), Oruro (1609), Trinidad (1687); solo Cobija fue creada por decisión de la República en 1938.
Entendido esto, a ver si en el Gobierno entienden que la República se hizo por decisión de los representantes de esas republiquetas, quienes coincidieron en crear la República de Bolivia, pese a la aparente negativa de don Simón Bolívar; es decir, Bolivia es porque sus regiones (ahora departamentos) decidieron que sea y este solo hecho debiera servir para argumentar que el Estado no puede negar que, además de haber sido inserto en la Constitución Política del Estado, hay que acordar un pacto fiscal que debe ‘redistribuir’ el porcentaje necesario del dinero recaudado por ingresos fiscales a los departamentos autónomos, gobernaciones, municipios, universidades y pueblos indígenas, para que estos asuman responsabilidades inherentes a sus atribuciones.
A ver si lo entienden: los impuestos, de donde debe salir la ‘redistribución’, se generan en las regiones, son las actividades de los ciudadanos de los departamentos las que crean riqueza; son esos ingresos generados por sus habitantes los que deben hacer funcionar las autonomías.
Sirve ser reiterativo: habitantes de esas republiquetas, hoy departamentos, fueron los que eligieron a los representantes que en Chuquisaca decidieron crear la República, de manera que la ligazón sigue siendo la misma; ciudadanos de estos departamentos hicieron una CPE, donde se reconoció la necesidad de generar un pacto fiscal, de manera que no hay dónde perderse, sigue siendo el ciudadano de la región el que genera los cambios.
Por si no les alcanza la argumentación, hay que recordarles que los impuestos suben al Estado para que este pueda cumplir tareas constitucionales y los distribuya en función de lo que dice la ley; la CPE decidió que, como está hecha la distribución hoy, es insuficiente para el cumplimiento de las responsabilidades autonómicas (autonomías que fueron decididas, otra vez, por los ciudadanos de los departamentos), de manera que, este Estado, creación de los patriotas (de ahí viene la idea de patria), debe entender (en realidad sus tozudos gobernantes, centralistas y a-históricos) que es hora de equilibrar la relación entre Estado y departamentos y que se debe cumplir con el pacto fiscal. No entenderlo así es desconocer la idea primigenia de que el país es la decisión de sus ciudadanos y no al contrario.
Recordemos cuándo se fundaron cada una de las ciudades coloniales que se rebelaron contra España: Charcas (1539), Potosí (1545), La Paz (1548), Santa Cruz de la Sierra (1561, la única que era capital de gobernación y sede de obispado) Cochabamba (1571), Tarija (1574), Oruro (1609), Trinidad (1687); solo Cobija fue creada por decisión de la República en 1938.
Entendido esto, a ver si en el Gobierno entienden que la República se hizo por decisión de los representantes de esas republiquetas, quienes coincidieron en crear la República de Bolivia, pese a la aparente negativa de don Simón Bolívar; es decir, Bolivia es porque sus regiones (ahora departamentos) decidieron que sea y este solo hecho debiera servir para argumentar que el Estado no puede negar que, además de haber sido inserto en la Constitución Política del Estado, hay que acordar un pacto fiscal que debe ‘redistribuir’ el porcentaje necesario del dinero recaudado por ingresos fiscales a los departamentos autónomos, gobernaciones, municipios, universidades y pueblos indígenas, para que estos asuman responsabilidades inherentes a sus atribuciones.
A ver si lo entienden: los impuestos, de donde debe salir la ‘redistribución’, se generan en las regiones, son las actividades de los ciudadanos de los departamentos las que crean riqueza; son esos ingresos generados por sus habitantes los que deben hacer funcionar las autonomías.
Sirve ser reiterativo: habitantes de esas republiquetas, hoy departamentos, fueron los que eligieron a los representantes que en Chuquisaca decidieron crear la República, de manera que la ligazón sigue siendo la misma; ciudadanos de estos departamentos hicieron una CPE, donde se reconoció la necesidad de generar un pacto fiscal, de manera que no hay dónde perderse, sigue siendo el ciudadano de la región el que genera los cambios.
Por si no les alcanza la argumentación, hay que recordarles que los impuestos suben al Estado para que este pueda cumplir tareas constitucionales y los distribuya en función de lo que dice la ley; la CPE decidió que, como está hecha la distribución hoy, es insuficiente para el cumplimiento de las responsabilidades autonómicas (autonomías que fueron decididas, otra vez, por los ciudadanos de los departamentos), de manera que, este Estado, creación de los patriotas (de ahí viene la idea de patria), debe entender (en realidad sus tozudos gobernantes, centralistas y a-históricos) que es hora de equilibrar la relación entre Estado y departamentos y que se debe cumplir con el pacto fiscal. No entenderlo así es desconocer la idea primigenia de que el país es la decisión de sus ciudadanos y no al contrario.
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