Durante estos dos últimos años los empresarios españoles que ejecutarán la obra del tren metropolitano de Cochabamba, han recibido expresiones hirientes a la dignidad de sus personas y a su imagen empresarial. No son pocos los ciudadanos cochabambinos que les han dicho que son corruptos y les han acusado de suscribir contratos lesivos contra el patrimonio del Estado Plurinacional de Bolivia, por las groseras propuestas del precio de esa obra. En cualquier país, edificado sobre la base sólida del Estado de derecho, esas sindicaciones injuriosas o calumniosas, se procesan y sancionan penalmente a denuncia de los afectados.
No termino de discernir cómo estos empresarios y ejecutivos no han accionado penalmente hasta ahora contra sus detractores, si su fama ha sido menoscabada y su dignidad fue lesionada. En fin, saben ellos la razón; o quizás están convencidos que en Bolivia no existe justicia y menos Estado de derecho; o peor aún, quizás entienden y aceptan tácitamente el riesgo que corren si es que provocan las condiciones y las oportunidades para que cualquier mortal demuestre que esas palabras ofensivas desprenden un temerario “aprecio” hacia la verdad de los hechos. Allá ellos.
Pero la única verdad hasta el momento es la sobrecarga de dudas, desconfianzas e incertidumbres que los propios representantes de las empresas Joca y Molinari, que conforman la Asociación Accidental Tunari, han generado y multiplicado geométricamente cada vez que dan la cara para justificar su magra experiencia en la construcción de obras civiles y sistemas de transporte. Fueron ellos que dijeron el pasado jueves que en Etiopía han construido un ferrocarril de 400 kilómetros por un precio de 1.200 millones de dólares, lo cual significa que cada kilómetro le ha costado al Gobierno etíope 3 millones de dólares, obviando las acusaciones de sobreprecios y cohechos que han inundado la prensa libre de ese país africano. En Cochabamba, ellos pretenden construir 42 kilómetros por un “precio rebajado” (casi de ganga) de 447 millones de dólares, y a razón de 10,6 millones de dólares por kilómetro. Digan mis lectores si esta simple operación aritmética no despierta una temeraria sospecha de la existencia de un contrato lesivo, mucho más si los expertos en transporte por ferrovías confirman, bajo juramento, que el precio real de un kilómetro de ferrovía (muy bien construido), con todos sus accesorios y edificaciones civiles de apoyo, no debería superar el millón de dólares. No sé si viene al caso; pero creo pertinente recordar que Etiopía ocupa el puesto 108 de 176 países en el índice de corrupción percibida, documento preparado por Transparencia Internacional para el año 2016. Esto quiere decir que Etiopía es “un pelín” menos corrupto que Bolivia (puesto 113). Si un experto puede certificar que una diferencia en el precio de dos millones ya constituye un acto corrupto, imagínense una diferencia de nueve millones.
Es que los ejecutivos de la empresa Joca han demostrado de manera insistente una desesperación inigualable por firmar y ejecutar, cuanto antes y cómo sea, esos contratos multimillonarios, que por el más básico principio de transparencia deberían ser conocidos por la opinión pública. No quisiera enterarme, más adelante, de que los 90 millones de dólares adelantados que ellos recibirán en los próximos días servirán para confirmar el carácter corrupto de los gobernantes bolivianos. Esto ya huele mal, sin que se haya instalado un solo riel.

El autor es abogado