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martes, 8 de agosto de 2017

preocupa a El Deber que frente a los escándalos de corrupción que atesta de presos las cárceles colmadas de presos sin sentencia, que la elección judicial aparezca con vicios de parcialidad que permitiría el continuado nexo con el Ejecutivo.


La fe ciudadana está en juego


Los escándalos en la justicia se han convertido en noticia habitual y no hay semana en la que no se informe de condenas injustas, de denuncias contra jueces y hasta de hechos de corrupción que pretenden perpetuar el deplorable sistema que tenemos en este momento. En el marco de esa dramática realidad, Bolivia se prepara para asistir a una nueva elección de magistrados del Poder Judicial, la cual también está teñida de dudas por los vaivenes del procedimiento que se ha seguido.

En 2011, el Gobierno defendió a capa y espada la elección de magistrados, bajo el argumento de que esa era la forma de limpiar un sistema que ya tenía muchas sombras; sin embargo, tres años después fue el mismo presidente Evo Morales quien admitió que esos comicios fueron un error de su gestión, textualmente dijo: “En vano incorporamos poncho y pollera a la justicia”, poniendo sobre el tapete que la corrupción y la retardación eran el cáncer del sistema.

A pesar de esa reflexión, este año asistiremos a nuevas elecciones. Si bien el procedimiento tiene variantes, como la incorporación de delegados de universidades para la fase de evaluación de los postulantes, su avance deja dudas como el hecho de que hay precandidatos que son o que fueron funcionarios públicos vinculados al partido en función de Gobierno; que se eliminó el requisito de equidad de género y de cuota indígena, entre otros, en el afán de llevar adelante la elección a como dé lugar.

Un factor que genera susceptibilidad es que el próximo Tribunal Constitucional Plurinacional, que estará constituido por nuevos magistrados, probablemente tendrá que resolver la repostulación de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia, frente a lo que no se puede soslayar el temor de que ese sea el fin principal de llevar adelante las elecciones, antes que la búsqueda de poner un freno al estado actual de la justicia.

Bolivia ya no tolera más escándalos de corrupción y las cárceles del país están atestadas de presos sin sentencia, cuyas familias denuncian cobros indebidos. Por esta razón, es fundamental que la Asamblea Legislativa Plurinacional tome en serio su responsabilidad de elegir a los candidatos más probos para los altos tribunales de justicia. La fe de la ciudadanía en sus autoridades y en la institucionalidad está en juego y no puede ser soslayada. 

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