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sábado, 5 de agosto de 2017

no basta atacar la máscara, se tiene que llegar al fondo cuando se trata de Lo Judicial, explica LT que es bueno denunciar corrupción como en el caso de DDRR, pero no basta. prestemos atención.

La acción en contra de algunos miembros del Consejo de la Magistratura y del Director Nacional de Derechos Reales impulsada desde el Ministerio de Justicia con elevado grado de difusión mediática es, sin duda, positiva, pues ayuda a comprender, con información proveniente del propio oficialismo, la profundidad de la crisis moral en que se encuentra el Órgano Judicial Plurinacional (OJP) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Asimismo, ratifica que las reformas introducidas por el Gobierno del MAS en este campo han fracasado, al punto que es posible afirmar que éste se encuentra en peores condiciones que en el pasado.

Si esta es una realidad que los propios creadores de la actual organización judicial –elección por voto ciudadano de sus autoridades de postulantes seleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)– reconocen, además de impulsar acciones particulares como la que se comenta, también deberían impulsar su cambio, pues se ha instalado una estructura corroída por la militancia política y su subordinación, la corrupción y la falta de profesionalismo.

Pero, esto no es lo que sucede. Más bien, las autoridades del Gobierno y el MAS han decido mantener, como pocos cambios, la forma de elegir a los postulantes al OJP/TCP utilizada el año 2011; es decir, dar prioridad a la selección de militantes o adherentes, antes que a ciudadanos, hombres y mujeres idóneos profesional y moralmente.

En ese marco, todo lo bueno que se podría esperar de acciones en contra de funcionarios corruptos se diluye porque, en última instancia, parecen ser el maquillaje para que el tema de fondo, la nueva elección de autoridades del OJP/TCP, sea hegemónicamente controlada por el oficialismo.

A fuerza de ser reiterativos, otra percepción habría, sin duda, si estas denuncias en contra de autoridades del actual Consejo de la Magistratura y el Director Nacional de Derechos Reales fueran acompañadas de acciones concretas dirigidas a garantizar un transparente proceso de selección de quienes aspiran a copar ese espacio de poder.  Más bien, un mecanismo ideado para ese fin, como fue la incorporación de delegados del sistema universitario para supervisar ese proceso, hoy está en riesgo, precisamente porque los asambleístas del oficialismo impiden el cumplimiento de su misión, al punto que la próxima semana los rectores del sistema universitario definirán si se mantiene o no esta participación.

En definitiva, nuevamente parece que se impondrá la vieja concepción ideológica que predomina en el MAS en sentido de que la justicia sólo sirve para beneficiar al poderoso y no como un instrumento que garantice la pacífica convivencia ciudadana y el respeto a los derechos de cada uno de los ciudadanos frente, precisamente, a los desmanes del poder. De ahí su decisión de copar a como dé lugar este espacio. Alguna importante autoridad expresó que nunca el Estado (eufemismo que disfraza la autoridad concreta y personal) se equivoca y que éste “no debe” perder ningún juicio.

Por lo señalado, se debe destacar acciones como la impulsada por el Ministerio de Justicia, pero, al mismo tiempo, aclarar que éstas serán percibidas, en las actuales circunstancias, como maquillaje para ocultar la decisión de mantener a la justicia como un instrumento de poder al servicio del gobierno de turno.

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