no desatender ni desdeñar lo que vendría por penalizar el voto válido que es el voto NULO. rebelión ciudadana, pacífica y democrática que expresará en las urnas la VOLUNTAD del pueblo para evitar otro Octubre Negro. Marcelo Gonzáles Yaksic

Antes una aclaración. Este artículo fue escrito por una persona individual y no debe ser interpretado como una campaña o propaganda electoral a favor o en contra de uno o varios de los 118 candidatas o candidatos a magistrados de los máximos tribunales del Órgano Judicial que fueron seleccionados el pasado jueves; por tanto, sólo pretende exaltar el derecho ciudadano a la libre definición del voto, de acuerdo con las opciones que establece la ley. Y precisamente el capricho oficial para limitar este derecho es que llamó la atención de la Organización de Estados Americanos (OEA) que no tardó en expresar públicamente su preocupación y sus legítimas dudas por la prohibición de las campañas por el voto nulo y que está tratando de penalizar el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Algo que tendría que tener presente la misión observadora de la OEA es que en Bolivia la ley vigente indica que el electorado (todos y cada uno de los electores, hombres y mujeres) puede manifestar su voluntad mediante tres tipos de voto, a saber: válido, blanco o nulo (Art. 161, parágrafo I, LRE); y bien lo sabe el TSE, porque también el electorado sabe mejor que tiene la obligación de participar en el proceso del 16 de octubre y el derecho de elegir a uno o varios de los 118 candidatos, pero si ninguno de estos es de su predilección, entonces puede libremente optar por un voto blanco o un voto nulo.

En un Estado de Derecho resulta legal y legítimo convocar al electorado a participar de la elección y elegir, mejor si en este proceso se respetan los derechos constitucionales de todos y de quienes disientan y manifiesten voluntariamente que se puede votar en blanco o anular el voto.

Si el propósito inmediato del TSE es penalizar a quienes incentiven el voto nulo o el blanco, la institución se estaría colocando en un escenario muy alejado de los límites que la ley le ha impuesto, contaminando así su imagen con una práctica absolutamente antidemocrática, por lo que de materializarse esta prohibición y su consiguiente penalización en normas jurídicas reglamentarias sería una señal que el totalitarismo marcha a paso firme en Bolivia.

Pero los ciudadanos sensatos ya han notado a leguas que el proceso electoral de octubre próximo fabricará una de las peores derrotas para el Gobierno, ya que la consigna “voto nulo” está aumentando de poco a mucho entre el electorado boliviano, sin importar siquiera los comentarios de los alarifes del Gobierno que creen que esta campaña está siendo impulsada por la "gente que no ha creído jamás en el proceso de cambio".

Por el contrario, todo parece indicar que el cambio se producirá el mismo domingo 16 de octubre próximo.

En una muestra de sabiduría ya el Gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional deberían dar marcha atrás y anular el proceso de selección de candidatos por sus altos niveles de contaminación, manipulación política, vicios y ofensas a la dignidad pública. De persistir el oficialismo en este empeño su fracaso está anunciado y su obstinación sorda simplemente delataría una práctica dictatorial.

Que el Gobierno no tenga miedo, nadie hablará mal ni bien de los candidatos, eso está prohibido por ley; pero de lo que tiene que temer es de las consecuencias por desatender y desdeñar esas señales continuas del descalabro que representa penalizar aquel voto diferente al voto válido. Ojalá no sea la causa de una verdadera rebelión ciudadana, pacífica y democrática que se expresará en las urnas a través del voto nulo. Lo que debe hacer el Gobierno, para evitar su propio Octubre Negro, es recular y ceder en sus dictámenes tan autoritarios a la hora de imponer sus caprichos.

No se debe olvidar que, a veces, el pan se quema en la puerta del horno, y que en el mes de octubre, a veces, se queman gobiernos.

El autor es abogado
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