Dos fallos judiciales han vuelto a poner en el primer plano de las preocupaciones colectivas en nuestro país el tema relativo a la falta de independencia, confiabilidad y respetabilidad de nuestro sistema judicial. Es que a la muy cuestionable condena que ha sido impuesta contra el exprefecto de Pando Leopoldo Fernández por los enfrentamientos ocurridos en Porvenir el año 2008, se ha sumado el encarcelamiento de Ernesto Suárez, exgobernador de Beni.
Como se recordará, además de haber sido las principales autoridades de sus respectivos departamentos en años pasados, ambos personajes tienen en común haber sido candidatos a la Vicepresidencia en las elecciones generales de 2009 y 2014, respectivamente. Es decir, tuvieron un papel protagónico en el escenario político de nuestro país.
Sobre el primer caso, el de Leopoldo Fernández, el principal resultado que han dejado los casi nueve años del proceso judicial es que los aspectos esenciales de lo que ocurrió en esas jornadas no han sido dilucidados por la existencia de intereses sectarios con alta capacidad de presión sobre jueves y fiscales, y no han sido citados a declarar, ni como testigos, figuras clave de ese trágico acontecimiento que pertenecen al oficialismo y cuya actuación ha sido decisiva para, por lo menos, incentivar la violencia.
El caso de Ernesto Suárez, aunque sin llegar a tener las complejidades del anterior, también una clara muestra del sometimiento del Órgano Judicial a los designios de las fuerzas gubernamentales, a lo que se suma la muy extendida corrupción entre operadores del sistema judicial, dos males que cubren de dudas y desconfianza fallos claramente inspirados en consideraciones que poco tienen que ver con la justicia y la legalidad.
Lo mismo puede decirse de la situación actual de Carmelo Lens, otro exgobernador de Beni, quien ha sido condenado a prisión bajo el peso de acusaciones carentes de sólidos fundamentos.
Sin llegar a esos extremos, pues el acoso judicial no siempre pudo concluir en el encarcelamiento, hay muchos otros ejemplos que dan sustento a la percepción de que el sistema judicial ha sido degradado a la condición de instrumento puesto al servicio de las pugnas políticas. Entre estos se destaca el caso de Samuel Doria Medina, varias decenas los exfuncionarios estatales, líderes nacionales o locales que, al ser vistos como obstáculos para el proyecto hegemónico dominante, son objeto del acoso judicial.
Por supuesto, en medio de tan negativo panorama, hay todavía algunas excepciones pero, aplicando aquello de que la excepción confirma la regla, los operadores de justicia que en algún momento se atrevieron a dar alguna muestra de independencia pasaron a engrosar las filas de los encausados.
Como enseña la experiencia propia y ajena, nada bueno se puede esperar cuando la justicia se rebaja a la condición de instrumento al servicio del abuso de poder, y tarde o temprano los victimarios ocupan el lugar de las víctimas. Es de esperar, aunque fuera sólo por un mínimo de sentido de la prudencia, que se ponga límite a las pulsiones autoritarias que durante los últimos tiempos han vuelto a hacerse sentir.
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