Victor Hugo Cárdenas considera que la primera consecuencia de la Ley de la Coca, será la ampliación de la frontera agrícola de los chapareños al TIPNIS, los cocaleros demuestran el poder social y politico ante un inerme Gobierno Pluri, esto y el adverso contexto internacional nos quitan toda esperanza

La aprobación de la ley general de la coca demostró el poder social y político de los cocaleros de Chapare y un Gobierno inerme, sin política explícita sobre la coca ni sobre sus implicaciones internacionales. . El Estado capituló al legalizar áreas ilegales de coca, que en un 95%, según Naciones Unidas, circula fuera del mercado legal de Sacaba, en Cochabamba. A los cultivadores de coca de Yungas de La Paz, les reconoció 14.300 hectáreas, según el ministro Cocarico, por razones políticas, a fin de evitar un conflicto social. 

El acuerdo político enterró las promesas de una política para la coca y otra para las sustancias controladas. Más allá de proteger los intereses de los cultivadores de coca de Chapare, no hay ninguna señal de construcción de una política sobre la coca, su producción, industrialización y su consumo en los marcos constitucionales, rituales, medicinales y tradicionales. La negligencia e ineptitud internas, junto al adverso contexto internacional, impiden vislumbrar alguna esperanza, por ejemplo, para la industrialización de la coca. La añeja amenaza de abrogación de la Ley 1008 acabó en la derogación de alguno artículos funcionales a los intereses del poder chapareño. La ley general de la coca se redujo a la legalización de las hectáreas cultivadas en Chapare y su ampliación a nuevas tierras.

¿Tipnis?
En segundo lugar, las declaraciones y acciones del Gobierno marcaron su preferencia por la coca ilegal. Hasta ahora, seguimos en la penumbra de la superficie total de coca cultivada, ¿36.500 hectáreas o solo 20.200? ¿Nos basamos en una sola fotografía satelital dedicada a La Paz y Cochabamba? ¿O nos fijamos en una serie de fotografías satelitales de todo el territorio nacional?

Después de la aprobación de la nueva ley, el Gobierno nos propone 18.000 hectáreas para el consumo legal sin ningún fundamento serio. Recordemos que el primer informe financiado por la Unión Europea, según fuentes extraoficiales, dio una extensión de 6.000 hectáreas. Hasta ahora, nuestro Gobierno elude su publicación. Luego, estudios complementarios encargados y pagados por el Gobierno boliviano aumentaron dicha extensión a 8.000, 10.000 y 14.705 hectáreas para el consumo tradicional. ¿Qué intereses presionan para ampliar más todavía la superficie de coca destinada al consumo legal? 

En tercer lugar, la ampliación de la frontera de la coca tiene peligrosas consecuencias. Los cultivadores de Chapare, ahora más que nunca, con respaldo legal, presionarán la ampliación de su frontera agrícola hacia las tierras del Tipnis. Otra vez se activarán las acciones para la construcción de la carretera por el corazón del territorio indígena.