Una semana más…
La propuesta que ya el año pasado surgió de tres exmandatarios y El Vaticano es viable, pero se ha enfrentado con la tozudez de la camarilla civil-militar que quiere prorrogarse en el poder incluso a costa de desatar cruentos enfrentamientos
Resulta difícil explicar que siga en funciones la camarilla militar-familiar que gobierna Venezuela, siendo que la mayoría de la población está en su contra por la profunda crisis humanitaria, económica, política y social a la que la ha conducido, su creciente aislamiento internacional (en la región sólo los gobiernos cubano, boliviano y nicaragüense han hecho explícito su respaldo, junto a corrientes políticas que democráticamente han sido desplazadas del poder, como el kirchnerismo argentino) y la retórica insultante y mentirosa de sus voceros.
Para peor, a medida en que el discurso nacionalista de los gobernantes venezolanos sobre la existencia de un enemigo externo ya no convence a nadie internamente, salvo a sus grupos de apoyo cada vez más militarizados (no está de más recordar que una filial de Pdvsa financió con 500.000 dólares el acto de posesión del actual presidente estadounidense), aumenta el ataque a presidentes de los países que se han pronunciado en favor de encontrar en ese país una salida democrática a su situación de descalabro.
Además del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), los mandatarios de Argentina, Brasil y México son los que en forma más recurrente son víctimas de las ofensas de Maduro, quien ahora ha incluido a Colombia como blanco de sus ataques, país al que está provocando en forma insistente –como demuestra la incursión de militares venezolanos en su territorio, los insultos ofensivos en contra de sus autoridades y en los últimos días las dudas lanzadas sobre la probidad del gobierno de ese país en la suscripción de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)– al parecer en un intento por crear las condiciones para que fracase el proceso de paz que tan difícilmente están construyendo. De ser cierta esta inferencia, resultaría que, una vez más, los extremos se tocan: la camarilla venezolana lograría lo que los sectores más conservadores de Colombia, liderados por el exmandatario Álvaro Uribe, buscan afanosamente.
Internamente, las masivas manifestaciones, que desde el día jueves se realizan en la capital y las principales ciudades de Venezuela, han sido brutalmente reprimidas y ya son alrededor de 20 los ciudadanos asesinados. Obviamente, esta insensata represión provoca que muchos grupos de la oposición también se radicalicen y, de esa manera y como se ha advertido en forma insistente, comienza a desatarse un estado de guerra fratricida, proceso que, por principios democráticos, humanitarios y morales, la región debe impedir.
En este sentido, adquiere cada vez más pertinencia la propuesta que ya el año pasado surgió de tres exmandatarios y El Vaticano: acordar una agenda electoral a ser dirigida por un órgano electoral imparcial, liberar a los presos políticos y concertar algunas políticas dirigidas a enfrentar la crisis humanitaria que vive Venezuela, particularmente en cuanto a la distribución de alimentos y medicamentos. Una vez aceptados estos tres puntos, suspender las movilizaciones.
Se trata de una propuesta viable, pero que se ha enfrentado con la tozudez de la camarilla civil-militar que quiere prorrogarse en el poder incluso a costa de desatar enfrentamientos internos y externos. En ese escenario, resulta, pues, difícil explicar por qué esa camarilla sigue en funciones.
Resulta difícil explicar que siga en funciones la camarilla militar-familiar que gobierna Venezuela, siendo que la mayoría de la población está en su contra por la profunda crisis humanitaria, económica, política y social a la que la ha conducido, su creciente aislamiento internacional (en la región sólo los gobiernos cubano, boliviano y nicaragüense han hecho explícito su respaldo, junto a corrientes políticas que democráticamente han sido desplazadas del poder, como el kirchnerismo argentino) y la retórica insultante y mentirosa de sus voceros.
Para peor, a medida en que el discurso nacionalista de los gobernantes venezolanos sobre la existencia de un enemigo externo ya no convence a nadie internamente, salvo a sus grupos de apoyo cada vez más militarizados (no está de más recordar que una filial de Pdvsa financió con 500.000 dólares el acto de posesión del actual presidente estadounidense), aumenta el ataque a presidentes de los países que se han pronunciado en favor de encontrar en ese país una salida democrática a su situación de descalabro.
Además del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), los mandatarios de Argentina, Brasil y México son los que en forma más recurrente son víctimas de las ofensas de Maduro, quien ahora ha incluido a Colombia como blanco de sus ataques, país al que está provocando en forma insistente –como demuestra la incursión de militares venezolanos en su territorio, los insultos ofensivos en contra de sus autoridades y en los últimos días las dudas lanzadas sobre la probidad del gobierno de ese país en la suscripción de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)– al parecer en un intento por crear las condiciones para que fracase el proceso de paz que tan difícilmente están construyendo. De ser cierta esta inferencia, resultaría que, una vez más, los extremos se tocan: la camarilla venezolana lograría lo que los sectores más conservadores de Colombia, liderados por el exmandatario Álvaro Uribe, buscan afanosamente.
Internamente, las masivas manifestaciones, que desde el día jueves se realizan en la capital y las principales ciudades de Venezuela, han sido brutalmente reprimidas y ya son alrededor de 20 los ciudadanos asesinados. Obviamente, esta insensata represión provoca que muchos grupos de la oposición también se radicalicen y, de esa manera y como se ha advertido en forma insistente, comienza a desatarse un estado de guerra fratricida, proceso que, por principios democráticos, humanitarios y morales, la región debe impedir.
En este sentido, adquiere cada vez más pertinencia la propuesta que ya el año pasado surgió de tres exmandatarios y El Vaticano: acordar una agenda electoral a ser dirigida por un órgano electoral imparcial, liberar a los presos políticos y concertar algunas políticas dirigidas a enfrentar la crisis humanitaria que vive Venezuela, particularmente en cuanto a la distribución de alimentos y medicamentos. Una vez aceptados estos tres puntos, suspender las movilizaciones.
Se trata de una propuesta viable, pero que se ha enfrentado con la tozudez de la camarilla civil-militar que quiere prorrogarse en el poder incluso a costa de desatar enfrentamientos internos y externos. En ese escenario, resulta, pues, difícil explicar por qué esa camarilla sigue en funciones.
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