Álvaro Riveros Tejada
Como si de un siniestro Dejá vu se tratara, este último viernes se ha vuelto a repetir en los Yungas la escena del ex viceministro de Régimen Interior Rodolfo Illanes, el cual fue cruelmente asesinado por cooperativistas mineros en medio de un acto de protesta contra el gobierno, protagonizado en la localidad orureña de Panduro.
Esta vez el amago de secuestro fue perpetrado en contra del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Cesar Cocarico, cuando trataba de socializar el reglamento de la Ley de la Coca que los cocaleros yungueños no aceptan dizque, por no haber participado en su redacción. Fue entonces que ante la sorpresiva presencia del dignatario en Arapata-Yungas, se generaron enfrentamientos entre dos grupos cocaleros con un saldo de varios heridos y saqueos, que decretaron que se ordene la evacuación del ministro, dada la amenaza de cercar el sitio para no dejarlo salir.
Lo curioso de este singular acontecimiento es que el damnificado niega haber sido retenido y luego rescatado por la policía, asegurando que los oficiales del orden se empecinaron y le obligaron a abordar un helicóptero para salir de la zona cercada por feroces bloqueos. Es más, anunció la iniciación de un proceso ante la Fiscalía para investigar los hechos de violencia, ya que sospecha que los facciosos, que no eran más de 30 o 40 personas que portaban dinamita y armas de fuego dotadas con munición de guerra, obedecían a móviles políticos; y estaban confabulados con los medios de comunicación -cuando no- para transformar los hechos, y hacerlos ver como si se tratara de una petición generalizada de los cocaleros.
Por su parte, el Comandante Departamental de la Policía de La Paz, Cnel. Agustín Moreno, informó que fue el mismo ministro quien solicitó ser rescatado vía aérea pese a que las fuerzas del orden habían despejado los puntos de bloqueo. Moreno añadió que: “Lo que se ha hecho fue brindarle la seguridad correspondiente y él tomó la decisión de abandonar Arapata a través de un helicóptero”.
Sea como fuere, lo que está en juego es la nueva Ley de la Coca, que fue aprobada en forma abusiva, donde se establece que serán 22.000 hectáreas las áreas de cultivo y no las 12.000 que regían anteriormente, sólo para extender y añadir las existentes en el Chapare, que ahora suman 7.700 has, constituyéndose en la verdadera razón de este conflicto que ha llegado a límites que rememoran los momentos críticos por los que pasó el finado viceministro Illanes, con la diferencia que a este último no se le facilitó una vía de escape que lo ponga a buen recaudo, sea por vía terrestre o aérea, ni menos una, como la que se habría dado el lujo de rechazar el ministro Cocarico.
Entretanto, la Coordinadora de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, presididas por S.E., condenó mediante un pronunciamiento las amenazas al dignatario agredido y pidió a la Asociación Departamental de productores de coca de La Paz, buscar soluciones que eviten funestas consecuencias, como la que derivó en la involuntaria y resistida fuga en el cocaricóptero.
Como si de un siniestro Dejá vu se tratara, este último viernes se ha vuelto a repetir en los Yungas la escena del ex viceministro de Régimen Interior Rodolfo Illanes, el cual fue cruelmente asesinado por cooperativistas mineros en medio de un acto de protesta contra el gobierno, protagonizado en la localidad orureña de Panduro.
Esta vez el amago de secuestro fue perpetrado en contra del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Cesar Cocarico, cuando trataba de socializar el reglamento de la Ley de la Coca que los cocaleros yungueños no aceptan dizque, por no haber participado en su redacción. Fue entonces que ante la sorpresiva presencia del dignatario en Arapata-Yungas, se generaron enfrentamientos entre dos grupos cocaleros con un saldo de varios heridos y saqueos, que decretaron que se ordene la evacuación del ministro, dada la amenaza de cercar el sitio para no dejarlo salir.
Lo curioso de este singular acontecimiento es que el damnificado niega haber sido retenido y luego rescatado por la policía, asegurando que los oficiales del orden se empecinaron y le obligaron a abordar un helicóptero para salir de la zona cercada por feroces bloqueos. Es más, anunció la iniciación de un proceso ante la Fiscalía para investigar los hechos de violencia, ya que sospecha que los facciosos, que no eran más de 30 o 40 personas que portaban dinamita y armas de fuego dotadas con munición de guerra, obedecían a móviles políticos; y estaban confabulados con los medios de comunicación -cuando no- para transformar los hechos, y hacerlos ver como si se tratara de una petición generalizada de los cocaleros.
Por su parte, el Comandante Departamental de la Policía de La Paz, Cnel. Agustín Moreno, informó que fue el mismo ministro quien solicitó ser rescatado vía aérea pese a que las fuerzas del orden habían despejado los puntos de bloqueo. Moreno añadió que: “Lo que se ha hecho fue brindarle la seguridad correspondiente y él tomó la decisión de abandonar Arapata a través de un helicóptero”.
Sea como fuere, lo que está en juego es la nueva Ley de la Coca, que fue aprobada en forma abusiva, donde se establece que serán 22.000 hectáreas las áreas de cultivo y no las 12.000 que regían anteriormente, sólo para extender y añadir las existentes en el Chapare, que ahora suman 7.700 has, constituyéndose en la verdadera razón de este conflicto que ha llegado a límites que rememoran los momentos críticos por los que pasó el finado viceministro Illanes, con la diferencia que a este último no se le facilitó una vía de escape que lo ponga a buen recaudo, sea por vía terrestre o aérea, ni menos una, como la que se habría dado el lujo de rechazar el ministro Cocarico.
Entretanto, la Coordinadora de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, presididas por S.E., condenó mediante un pronunciamiento las amenazas al dignatario agredido y pidió a la Asociación Departamental de productores de coca de La Paz, buscar soluciones que eviten funestas consecuencias, como la que derivó en la involuntaria y resistida fuga en el cocaricóptero.
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