legisladores que no están interesados en conocer la verdad de los hechos, nos referimos como LTD a los casos Terrorismo. discuten la legalidad de la comisión, cuyos honorarios son disminuídos por esta tarea. escandaloso!

El descuento de haberes impuesto a los legisladores que conforman la comisión denominada “Justicia y Verdad” para investigar los casos Terrorismo I y II, extorsión, Chaparina, el del exfiscal Marcelo Sosa (antes a cargo del caso Terrorismo) y el del mayor Fabricio Ormachea, no parece ser una medida acertada, dado el manto de dudas que cubre los casos antes mencionados.

Los asambleístas del oficialismo han insistido en restar credibilidad y, sobre todo, legalidad a la formación de esa comisión arguyendo que el hecho de que el Órgano Legislativo no ha tomado ninguna decisión institucional para su funcionamiento. Empero, los legisladores que la conforman se amparan en su deber y atribución de fiscalizar las acciones de los otros órganos del Estado e instituciones públicas.

Dicho debate, sin duda alguna, propicia elementos de juicio en contra y a favor de diferentes posiciones que reclaman razón pero, al mismo tiempo, crea la impresión de la existencia de unos legisladores decididos a investigar y descubrir la verdad en torno a dichos casos, y otros a los que no les interesaría ni convendría que se lo haga.

El problema es que al asumir medidas que adquieren un cariz de represalias, como el mencionado descuento contra los legisladores en cuestión, no sólo que se refuerza la impresión de que dicha investigación incomoda al oficialismo, sino que alimentan y establecen nuevas dudas referidas al posible interés de algunas autoridades por mantener en la obscuridad cierta información que pudiera ser revelada por la investigación cuestionada.