Sin negar la posibilidad de que en 2008 hubo intentonas subversivas en contra del Gobierno legítimamente elegido por parte de reducidos grupos políticos y cívicos, lo concreto es que el manejo del caso Rózsa por parte de las autoridades gubernamentales en sus diferentes niveles ha hecho que todas las actuaciones para, presuntamente, aclarar el caso y sancionar a sus autores sean sometidas a legítima duda. Jurídicamente hablando, son tantos los vicios cometidos que en un Estado de Derecho los procesos deberían ser archivados, liberando a los detenidos, o retornar a fojas cero con, también, éstos defendiéndose en libertad.
Sin embargo, la soberbia que afecta a muchas autoridades hace que en vez de asumir una actitud transparente y sometida a ley, sigan embrollando el caso. Peor aún si hay hechos que son antijurídicos y anómalos, pero tratan de presentarlos como rutinarios.
Además, ahora ha fallecido un importante actor de esa trama de conspiraciones. Aquél que intentó coimear a uno de los testigos clave del caso para que fugue del país y no preste declaraciones, actitud que legalmente constituye un delito pero que quienes tienen predilección por la violencia y la acción de facto quieren calificarla como de lealtad revolucionaria. Sensu strictu, este ciudadano, por negligencia cómplice, no dijo lo mucho que sabía del caso, conocimiento que pudo develarlo o complicar aún más a las propias autoridades.
En definitiva, en las actuales circunstancias y con lo que se conoce del caso, éste no tiene destino, y es de esperar que con el paso del tiempo se pueda saber las razones por las que Rózsa y su gente estuvieron en Bolivia y porqué tres de ellos fueron ejecutados... Ése es el fondo del tema que perdurará.
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