como lo hiciera Los Tiempos, El Deber se pronuncia en contra de la persecusión y el acoso a los dos periodistas de Página Siete que cubrían la información del latrocinio cometido por altos jefes militares que se embollsillaron los recursos destinados a la construcción de resguardos en la frontera. el latrocinio no ha podido ser ocultado y llegó a los tribunales y ordenó medidas que ahora tratan de suavizar para que "los militares no sufran el rigor de la ley". punto alto para El Deber por su coraje cívico.

El periodista Sergio Mendoza y el fotógrafo Álvaro Valero, ambos del matutino Página Siete, fueron detenidos y luego liberados durante una audiencia pública en La Paz donde se procesa a dos ex jefes militares por irregularidades en la construcción de puestos de las FFAA. Allí se investigan hechos de presunta corrupción en la construcción de puestos fronterizos con recursos del programa Evo cumple, por lo que es un asunto altamente sensible para la opinión pública. La orden de desalojo provino del juez segundo de Instrucción Anticorrupción, Alan Mauricio Zárate, a cargo del proceso por puestos militares, que tiene la obligación constitucional de llevar adelante un proceso transparente.
Se trata de un nuevo atropello contra la libertad de prensa durante el Gobierno del presidente Evo Morales, donde el ejercicio del oficio periodístico se ha transformado en una proeza solo para valientes. El justificativo de la Policía es que los comunicadores intentaron ingresar por la fuerza a la audiencia y que no estaban “bien vestidos” para el proceso judicial. Esos argumentos fueron rebatidos por los periodistas que, según han testificado, intentaban cumplir con su labor periodística de cubrir un evento de interés público.

En un claro atentado contra las libertades, los periodistas fueron empujados contra la pared, enmanillados y detenidos en una celda como si fueran delincuentes comunes. Afortunadamente, fueron liberados, pero el gravísimo hecho queda en los registros como otro de los atropellos que se vienen cometiendo contra los periodistas y los medios de comunicación en el país.

El renunciante director de Página Siete, Juan Carlos Salazar, ha denunciado recientemente que su medio de comunicación enfrenta el constante acoso de parte del Gobierno de Morales por su posición crítica con el poder. Por todos estos antecedentes, expresamos nuestra solidaridad con los colegas del diario paceño e instamos a redoblar esfuerzos para cumplir con el compromiso social de informar, pese a todas las presiones políticas que están vigentes.

La situación de la prensa es el reflejo del desarrollo de su democracia. En Bolivia, los derechos a la libertad de prensa y de expresión están en retroceso por las diversas acciones que se cometen desde el poder público. En última instancia, los efectos no son solo para la prensa independiente, sino para los ciudadanos, que ven restringido su derecho constitucional a estar bien informados