Este fin de semana, las noticias provenientes de Colombia y Venezuela permiten recuperar la esperanza en que, al final, la paz se impondrá a la violencia y que, en esta historia de avances y retrocesos, la región buscará su destino en democracia y no en confrontación.
En Colombia, se han redoblado esfuerzos para que luego del difícilmente comprensible rechazo que buena parte de la ciudadanía dio a los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se impulse un doble proceso de concertación; uno, con los promotores del rechazo y, el otro, con los comandantes guerrilleros con quienes, como ha oficializado el Presidente se ha acordado un nuevo tratado de paz que incluye muchas de las observaciones hechas por sus opositores.
Sin embargo, la posición guerrerista enarbolada fundamentalmente por el exmandatario colombiano Álvaro Uribe mantiene fuerza, pues está patrocinada fundamentalmente por una minoritaria oligarquía agrícola que, como han develado muchos analistas, rechaza el acuerdo de reparación de los miles de campesinos que fueron expulsados de las zonas de conflictos, cuyas tierras fueron apropiadas por aquélla. Obviamente, esta demanda es disfrazada de una serie de argumentos jurídicos y políticos que tratan de legitimarla, pero que, como se ha informado, en previos procesos de paz, uno de los cuales fue presidido por Uribe, fueron aceptados.
Ha ayudado a que estas nuevas negociaciones logren resultado positivo el amplio apoyo internacional al proceso de paz, así como las iniciales negociaciones que el Gobierno ha entablado con el otro grupo guerrillero importante colombiano, el ELN, y que, pese a que muestra muchas debilidades aún, parece que no se detiene.
De Venezuela ha llegado la información de un primer acuerdo entre Gobierno y oposición en el diálogo impulsado por exmandatarios extranjeros y orientado por el Vaticano, consistente en dar prioridad a atender la demanda de alimentos y medicamentos de la población en forma expedita y transparente. Respecto a la agenda política, que incluye la liberación de los prisioneros políticos (más de 100) y diseñar la hoja de ruta para la realización del referendo revocatorio planteado por la oposición o, al máximo, la realización de acciones generales para que sea la ciudadanía la que decida quién conduce a Venezuela para salir de la crisis que la agobia, sólo se ha han dado informaciones muy generales, lo que no hace sino atizar a los sectores más radicales de la oposición.
Hasta ahora, el grueso de la oposición sigue buscando caminos pacíficos para enfrentar dicha crisis, ante la obcecación de la cúpula familiar-militar que gobierna ese país que sólo busca prorrogarse indefinidamente en el poder, sin importarle el costo que ello implique.
En ese escenario, es posible prever que si se sigue dando largas a la negociación política cualquier esperanza de paz será anulada, extremo que las personalidades que están respaldando este complejo proceso de negociación deben sopesar debidamente.
En todo caso, no está todo dicho, y si bien se puede observar que en Colombia el camino hacia la paz presenta menos dificultades que en Venezuela, hay demasiados intereses que privilegian la violencia y que deben ser aminorados.
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