El que acaba de concluir fue un año de sensibles pérdidas. Una de ellas, la del octogenario Carlos Valverde Barbery, nacido en “La Nación de la Llanura”, título de uno de sus libros, intransigente defensor del Federalismo como sistema de organización político-administrativa, frente al fracaso del castrador sistema unitario andino.
Otra, la de Cayetano Llobet, amigo entrañable desde el exilio mexicano, político, catedrático de la Universidad Autónoma de México, socialista y demócrata, periodista de aguda pluma y feroz crítico a los excesos de cualquier poder político con ínfulas dictatoriales.
La última, la de José Mirtenbaum, amigo cómplice de reflexiones teórico-políticas, judío-aymara, antropólogo, catedrático de la universidad Gabriel René Moreno que abogaba por la democracia radical, como decía Jürgen Habermas: a la izquierda del socialismo –el soviético y otros afines- para la realización democrática del respeto a las diferencias y la igualdad social.
Los recuerdo como homenaje de amistad y porque ellos hubieran aprobado que el año ya concluido, fue un año de arduos combates dialécticos, los de la lucha de contrarios: la tesis, la antítesis, hasta encontrar la síntesis que en Bolivia sigue esquiva. Esa lucha destapó las contradicciones de una democracia quebrantada por el gobierno autoritario del presidente Evo Morales que ejerce al mismo tiempo el poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Electoral, el poder policial-militar, el poder de los movimientos sociales y el de los cocaleros: él es también el presidente del sindicato de cocaleros del Chapare, en Cochabamba, cuya producción de hoja de coca se destina a la economía política de la cocaína y al narcotráfico.
Este fue uno de los más duros y violentos años de los seis que lleva Morales en el poder, aunque no hubo muertos, pero van más de 60 en total. Los primeros años fueron de una hegemonía indiscutida, a pesar de las fuerzas autonomistas del Oriente, hoy disminuidas por el invento del autodeclarado ‘jacobino’ vicepresidente Álvaro García Linera: las ‘guillotinas’ judiciales. Merced a ellas, los líderes autonomistas y opositores están perseguidos, enjuiciados, encarcelados o exiliados, tras el montaje-complot ‘terrorista-separatista’. El acoso de las guillotinas judiciales como politización de la justicia amenaza con razón o sin ella, a las más diversas autoridades cívicas y de la oposición, electas todas éstas con voto popular mayoritario, al que el oficialismo desconoce sin ruborizarse, y a probos profesionales por ‘el delito’ de haber sido parte de gobiernos neoliberales.
Así lo denuncian diversas voces que toman partido por el respeto a la democracia plural y al Estado de Derecho, como el director de la Agencia de Noticias Fides, el sacerdote José Gramunt S.J. En su criterio, “Estos perseguidores judiciales se parapetan en la memoria de otros agentes judiciales del pasado, venales, prevaricadores y corruptos que deshonraron su profesión… No puede negarse el hecho de que el gobierno actual ha ido ganando experiencia en este vil procedimiento de defenestrar autoridades departamentales y municipales… Es una lástima que en estos días navideños en que todos -no todos- hablan de paz, amor, reconciliación, no podamos evitar que otros siembren odio, revancha, ensañamiento, que son algunas de las ‘acendradas virtudes’ de los actuales gobernantes”. A raíz de ello, cobra fuerza ‘la razón desmitificadora’ frente al “gobierno del cambio hacia el socialismo del siglo XXI”, alejado años luz de la democracia radical, la que está a la izquierda del socialismo violatorio del Estado de Derecho, de los Derechos Humanos y los derechos civiles de las personas.
De la dialéctica
Sin embargo, también por aquello de la contradicción, la sociedad boliviana termina este 2011 con algunas ganancias que apuntan a quebrar el monopolio sociopolítico del presidente Morales. Por sus propios errores ha perdido estratégicas bases sociales, como las indígenas del Oriente, la Amazonía y los Ayllus y Marcas de Occidente que, amparados en el derecho constitucional a la autodeterminación de los pueblos originarios, rechazan la construcción de una carretera en el Territorio del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) que dañará esa cabecera de la cuenca amazónica. Ese rechazo se expresó en la marcha de 66 días, desde el trópico a los Andes, y a mitad de camino fueron ferozmente reprimidos, a pesar de lo cual la marcha llegó a destino: la sede de gobierno. El oficialismo también ha perdido el apoyo de la Central Obrera Boliviana (COB) que se ha desmarcado de las políticas oficiales y, del mismo modo, el sector gremial de la prensa, al que Morales llama su “enemigo principal”: es que no es obsecuente a ‘la voz del amo’.
El declive de Morales no es cuento chino: las cifras son contundentes: hoy lo aprueba un 30-35% de la población, según varias empresas encuestadoras frente al apabullante 70% en 2009. En ese bajo porcentaje de aprobación, el dato digno de tomar en cuenta es el del TIPNIS. No solo por el empecinamiento de Evo Morales de no reconocer la lamentable decisión de reprimir la marcha indígena, sino por insistir en que la fatídica carretera se construya a pesar de que firmó una ley que la anula, hace dos meses. La punta de lanza para tal arremetida contra la mayoritaria demanda social en Bolivia, no en contra de la carretera, sino de que parte en dos ese Parque Nacional, son los manipulables movimientos sociales, bautizados ya como los “antiTIPNIS”.
En este caso, recuerdo a Hanna Arendt cuando apunta que “… casi tan malo es sentirse culpable sin haber hecho nada concreto, como sentirse libre de toda culpa, cuando realmente se es culpable…”. Aquí no hay dudas: el presidente Morales es el responsable de aquella violenta acción por ser la máxima autoridad del Estado. Él creyó que era inmune a cualquier error porque se siente impune como todo autócrata que, como todos ellos, desconoce los insoslayables combates dialécticos del devenir histórico, político, económico y social.
Es cierto que los organismos internacionales alaban el manejo macroeconómico del gobierno, y no sin razón desde ese punto de vista. Pero la macroeconomía no llega al bolsillo de la gente, ni detiene la inflación de precios de la canasta familiar, ni la disminución de alimentos agrícolas y, de suyo, la seguridad alimentaria, antes del gobierno del MAS garantizada. Lo único que salva la microeconómica es la economía política de la cocaína y el narcotráfico. La macroeconomía tampoco frena la menor producción de hidrocarburos; ni la importación de diesel, gasolina y gas; ni la carencia de inversiones privadas, ni la ineficiencia del sector público. Las ínfulas ‘nacionalistas-nacionalizadoras’ no han creado trabajo productivo estable, con salario digno y seguridad social. Las propias instituciones oficiales apuntan a que cerca de 80% de la población económicamente activa se mueve en la ‘informalidad’.
Esperamos que este 2012 sea menos turbulento y represivo, aunque nada presagia que así vaya a ser, conociendo se conoce a Morales y sus hombres. De ahí que seguiremos en el combate dialéctico. Y como parte de ese combate, ojalá que la oposición política que fue unida en Sucre y le ganó al oficialismo la alcaldía de la capital de la República, y ganó también la alcaldía de Quillacollo, la segunda ciudad más importante del departamento de Cochabamba, piense en una plataforma de concertación y unidad nacionales para el electoral año 2013 que se avecina. La unidad o una plataforma política sobre la base de la concertación de fuerzas diferentes, pero demócratas, es decisiva para recuperar la democracia hoy conculcada y construir la democracia radical.
Bolivia y su gente merecen un mejor y feliz 2012, como todos los hombres y mujeres de la tierra. ¡Felicidades!
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