Wilfredo Chávez, ex ministro de Gobierno, afirmó en sus declaraciones ante la Fiscalía, que la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, evitó el despido de al menos dos funcionarios gubernamentales que ahora están acusados por formar parte de la red de extorsión.
Ese matutino intentó ayer comunicarse con la ministra Suxo; sin embargo, desde la unidad de comunicación de esa entidad afirmaron que llamarían para hacer conocer una contraparte de la autoridad aludida, pero hasta el cierre de esta edición (13:30) de ayer no hubo la llamada.
Una parte de su declaración fue leída en el programa Que no me pierda de la red Uno, difundida la noche del viernes. El fiscal habría preguntado: ¿Iniciando usted una nueva gestión como ministro de Gobierno por qué razón no agradeció los servicios a estos dos abogados (Dennis Efraín Rodas Limachi y Fernando Rivera Tardío)? a lo que Chávez respondió:
“Recuerdo que a los días de haber ingresado, saliendo del gabinete de ministros, comenté la intención de cambiar (…) a los doctores Rodas y Rivera; en ese momento la doctora Nardi Suxo me indicó que ellos le apoyaban mucho en sus procesos y que los mantenga; con relación a Boris Villegas me dijo puntualmente que si yo lo retiraba lo llevaría a trabajar con ella. Para ser objetivo en mis decisiones, como dije antes, me decidí por la evaluación de gestión que finalmente no se dio por mi cambio”.
Rivera, Rodas y Villegas, ex funcionarios del Ministerio de Gobierno, son considerados como los presuntos cabecillas de la red de extorsionadores que operaba desde los ministerios de Gobierno y de la Presidencia.
En la gestión del ex ministro Chávez, Denis Rodas fue director de gestión jurídica de ese ministerio; Fernando Rivera, asesor legal; y Boris Villegas fue director de Régimen Interior.
La ministra Suxo, en pasadas semanas, negó cualquier vínculo con la red de extorsión y sobre Villegas, quien después de que salió del Ministerio de Gobierno trabajó en el Ministerio de Transparencia, dijo que éste trabajó durante un cortísimo tiempo. Inicialmente, desde ese ministerio se dijo que laboró sólo 16 días, cuando en realidad estuvo durante 30 días, según datos obtenidos del sistema SIGMA.
A principios de diciembre, dos fuentes vinculadas al Gobierno le dijeron a Página Siete que la red de extorsión, que tiene al menos 50 denuncias en contra, penetró ese despacho.
Analizan proceso contra Ariel Rocha
El Consejo de la Magistratura no descartó abrir un proceso disciplinario contra el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Ariel Rocha, después de que se conoció de su relación con la red de extorsionadores. Actualmente no se conoce su paradero.
El consejero Wilber Choque declaró a Página Siete que se instruyó a la representación departamental del Consejo de la Magistratura analizar si es que existen elementos en el marco de la Ley 025 para la apertura de un proceso disciplinario contra Rocha.
El consejero aseguró que desde que se descubrieron vínculos de autoridades judiciales con la red de extorsionadores, el Consejo de la Magistratura será más “drástico”, al momento de revisar las denuncias que llegan en contra de administradores de justicia y funcionarios. La autoridad dijo que la investigación de este caso debe estar a cargo del Ministerio Público.
Rocha es buscado por la Interpol de acuerdo con las últimas informaciones del fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, porque no se presentó a prestar su declaración por este caso.
No hubo control a abogados implicados en red de extorsión
Los grupos de monitoreo a los funcionarios fueron desarticulados.
DECLARACIÓN. El ex viceministro Gustavo Torrico sostuvo el fin de semana que la red de corrupción se expandió por no tener “un control” por parte de sus superiores.
Página Siete / La Paz
Los ex abogados del Ministerio de Gobierno en una audiencia. APG.
Dos equipos, uno técnico y otro político que monitoreaban las actividades de los funcionarios del Ministerio de Gobierno, fueron desarticulados en la gestión del ex ministro Sacha Llorenti, esto generó un debilitamiento en el seguimiento a los ex abogados de ese despacho, ahora detenidos por el caso red de extorsión.
La afirmación fue realizada por una autoridad de esa cartera de Estado que pidió guardar su nombre en reserva para evitar represalias. No obstante, la existencia de los mecanismos de control fueron corroborados el viernes en Santa Cruz por el ex ministro de Gobierno Alfredo Rada (2008-2010).
“Estos lamentables hechos de corrupción y extorsión que se han detectado han sido posteriores al momento en que yo dejé el cargo. En los años en que estuve, esas personas (Fernando Rivera, Dennis Rodas y Boris Villegas, implicados en la presunta red) tenían simplemente un rol técnico jurídico. En esos años teníamos mecanismos de control colectivo y combinado del trabajo que efectuaban los abogados en materia penal”, dijo.
La fuente no identificada detalló que en ese entonces funcionaba un grupo técnico y de consultores “que hacían el seguimiento de los funcionarios”.
Esas eran la Unidad de Coordinación Social y Prevención de Conflictos (UCS-PC), además de un grupo de asesores que la componían autoridades dependientes de ese ministerio que “aparte de cumplir sus labores en la administración gubernamental hacían el trabajo de seguimiento de subalternos”.
“Luego de que Rada dejara el ministerio y se hiciera cargo Sacha Llorenti (2010-2011), éste desarticuló la unidad y al equipo de asesores”, dijo la fuente, lo que dejó sin ningún control interno. También dijo que incluso Llorenti habría “perseguido” a algunos de esos funcionarios de monitoreo de funcionarios y de prevención de conflictos.
Se consultó a la jefatura de comunicación si habían estos controles ahora, pero dijeron desconocer su existencia. Otra fuente dijo que el actual ministro, Carlos Romero, “tiene un equipo organizado a su manera” que le ayuda en el control interno.
También se pronunció al respecto el ex viceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico, quien precisó que los brazos de esta red de extorsión, miembros que guardan detención en la cárcel de Palmasola, se habrían expandido a otras instancias al no haber tenido “un control” por parte de sus superiores.
El Ministerio de Gobierno, así como otras instancias del Ejecutivo, otorga poderes especiales “amplios y suficientes” a su equipo de abogados para que los representen en instancias judiciales a la máxima autoridad ejecutiva. Esta frecuente acción fue utilizada, según Romero, por estos “ex simples funcionarios, que se aprovecharon para sacar ventaja económica, aliados con algunos jueces y fiscales”.
Caso Ostreicher toca las puertas del Palacio de Evo
Extorsión. La investigación se amplía a otros funcionarios. Declaran dos ministros, viceministros y directores de dos ministerios y tres detenidos en la cárcel de Palmasola.
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