El ministro de Gobierno, Carlos Romero, en una entrevista en Los Tiempos, criticó la labor que el Ministerio Público cumple en la investigación del caso de la presunta red de extorsión y corrupción formada por funcionarios del Ejecutivo y judiciales, recientemente descubierta, y dijo que más fiscales deberían estar detenidos.
La autoridad también se refirió al “rediseño” por el que debe atravesar la Policía boliviana y explicó que actualmente su cartera de Estado impulsa una ley de reforma para la modernización de esta institución que incluirá la cualificación formativa de los efectivos.
Además, anunció, en el marco de la seguridad ciudadana, la pronta implementación de un sistema computarizado “multibiométrico” que incluirá datos de los registros civiles, criminales y de migración de las personas para un mayor control.
En el ámbito político, Romero aseguró que aunque su gestión concluye el próximo 23 de enero, cree que aún puede “aportar” a este proceso que vive el país, aunque no necesariamente desde el Ministerio de Gobierno. Aclaró que este tema debe ser definido por el presidente Evo Morales.
Romero dijo que desde que la red de extorsión y corrupción fue descubierta y que incluyó, además de los funcionarios y exfuncionarios del Ejecutivo, a fiscales y jueces, representó un “terremoto” porque se trata de la desarticulación de una banda criminal que estaba incrustada en dos órganos de poder del Estado.
“Que esté detenido el exfiscal de Distrito de Santa Cruz (Isabelino Gómez), una de las principales autoridades de Ministerio Público, eso es parte de un terremoto, y también que esté detenida otra fiscal (…). (El proceso) va más lento de lo que yo creía, porque yo calculaba que debería haber unos cinco fiscales detenidos, pero yo no soy el que toma las decisiones”, indicó.
Dijo que a partir de la detención de los exfuncionarios del Ministerio de Gobierno, Denis Rodas y Fernando Rivera, en su despacho se recibieron varias denuncias de personas que habrían sido víctimas de extorsión en otros procesos judiciales, que también involucran a los fiscales que están siendo investigados por el caso de Jacob Ostreicher.
“No estoy en condiciones de decir cuáles son veraces y cuáles no, porque se están procesando todavía, pero por las investigaciones, las indagaciones que se han hecho siempre son los mismos nombres, siempre son los mismos fiscales que aparecen en diferentes denuncias. Entonces, de ahí que uno puede presumir que entre cinco y siete son los que están en esta red”, aseguró.
Explicó que hace por lo menos cuatro meses encargó a tres abogados iniciar un análisis de los procesos judiciales que seguían Rodas y Rivera, y al cotejar los informes en torno a estos procesos, “salta a la vista el fallo de un juez cesando la detención preventiva y a los cinco días revocándola. Entonces, causa sorpresa que justo cuando se determine ese fallo no estaba el Ministerio de Gobierno con sus abogados”.
Acerca de la convocatoria pública para contratar abogados externos que realicen una auditoría jurídica a procesos legales que fueron impulsados por los exabogados Rivera y Rodas, Romero dijo que no es un proceso rápido, pero que antes de concluir esta gestión se llevará a cabo con el objetivo de sumar aportes para la investigación.
La autoridad estatal indicó que todos los documentos que fue recabando el Ministerio de Gobierno desde que inició la investigación, fueron entregados al Ministerio Público; sin embargo, dijo que en su poder todavía tiene más entrevistas que fueron realizadas a varias personas pero que no están documentadas.
Aunque existen algunas observaciones al procedimiento que siguieron los exabogados del Ministerio de Gobierno a importantes casos judiciales como el de Terrorismo, Romero dijo que éstos continuarán su curso.
“(Los proceso) no pueden caer. (…) no porque hayan abogados que hayan estado extorsionando en los pasillos en algunos procesos, el hecho como tal dejará de investigarse y resolverse. El proceso sigue, los abogados cambian simplemente”, aseguró.
“Puedo aportar todavía”
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que aún puede “aportar” en el proceso que impulsa el presidente Evo Morales desde el Ejecutivo, pero cree que no necesariamente debe hacerlo desde el cargo que actualmente ocupa.
“Yo soy ministro hasta el 23 de enero (de 2013), el Presidente designará un nuevo gabinete ministerial seguramente. Yo creo que puedo aportar todavía en este proceso, pero tampoco creo que necesariamente debería continuar en el Ministerio de Gobierno. Ese es un tema que tendrá que decidirlo el propio Presidente”, aseguró Romero.
Indicó que su agenda de trabajo está programada hasta enero del próximo año, pero aclaró que no por el momento coyuntural sino porque es el mes en el que concluiría su gestión como la principal autoridad del Ministerio de Gobierno, y “lo que vaya a pasar del 23 de enero hacia adelante es decisión del Presidente, no tengo interés de estar en un ministerio”.
Anuncian más reformas para la policía boliviana
La ley de reforma de modernización de la Policía boliviana está a punto de concluirse, según informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero, normativa con la que se pretende hacer un cambio en la institución que pasa por el mejoramiento en cuanto a infraestructura, tecnología, cualificación formativa y mejores condiciones de trabajo para los efectivos policiales.
Romero indicó que el proyecto de ley está en un proceso de estudio de consistencia con algunos expertos de otros países y posterior a ello será presentada, se estima que antes de cierre de gestión.
“Hemos hecho un plan de reingeniería en la Policía que nos va a permitir una disponibilidad inmediata de 1.500 policías de manera inmediata para reforzar el patrullaje de seguridad ciudadana, pero necesitamos que esos policías estén establecidos en las estaciones policiales integrales (EPIs)”, dijo.
Dijo también que se está avanzando en cuanto a la especialización, por ejemplo en el tema de seguridad ciudadana se plantea el régimen penitenciario como una especialidad, así también se está trabajando en la aprobación de la ley del Servicio de Bomberos que podría ser presentada la próxima semana, con la que se pretende modificar y ampliar los roles de este servicio.
Como parte de los planes de seguridad ciudadana que ejecuta el Gobierno, señaló la posibilidad de que en enero del próximo año se cuente con los dos primeros helicópteros que brindarán seguridad aérea, en este caso, para el departamento de Santa Cruz.
Registro multibiométrico
La Policía, en concordancia con el Ministerio de Gobierno, elaboró un programa computarizado denominado AFIS Criminal, un registro completo de las personas con antecedentes policiales y judiciales, porque estaría conectado a tres tipos de registros: ciudadano, migratorio y el criminal.
“Eso nos permitiría acelerar los tiempos de investigación y ese proyecto vale 9,3 millones de dólares, el registro biométrico de la Corte Electoral le costó al país como 25 millones de dólares y significaría una reinscripción de toda la población boliviana”, indicó Romero.
Informó también que como una primera parte del proyecto de seguridad en fronteras, a la fecha se ha instalado el registro de control migratorio en los puestos fronterizos. “Cuando ya tenemos la fotografía y registro de datos biométricos vamos a avanzar más en el sentido de que no solo vamos a registrar el ingreso y salida de gente, sino todos los movimientos dentro del territorio”, dijo.
A esto se suma la idea de que la base de datos general se conectará a los registros informáticos de los hoteles, agencias de viajes, terminales de buses y a otros centros “clave” de registro para tener una información completa que permitar realizar más proyectos con miras a reforzar la seguridad sobre todo en las fronteras del país y el control de los extranjeros.
Caso ostreicher
Juez envía a fiscal a Palmasola
La fiscal Janeth Velarde fue enviada ayer a la cárcel de Palmasola con detención preventiva, es acusada de procesar de manera indebida al estadounidense Jacob Ostreicher, con ella suman dos fiscales enviados a prisión por el caso de la red de extorsión y corrupción.
“Se ha dispuesto la detención preventiva toda vez que se ha demostrado la concurrencia de los dos requisitos que establece la ley, es decir que ella es probablemente autora del delito de uso indebido de influencias y al concurrir los riesgos procesales”, dijo el abogado defensor de Jacob Ostreicher, Jerges Justiniano.
Por su parte, el fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, dijo ayer que no aceptará presiones de ninguna autoridad en la investigación.
“La ley reconoce que debe haber coordinación con los demás órganos (del Estado), pero en el marco de respeto; aquí no puede haber un ministro, viceministro o funcionario de tercer o cuarto nivel del Ejecutivo o Legislativo que esté ordenando a un fiscal”, afirmó
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