En 2011, el matutino La Razón informaba que, en medio de peleas por cuotas de poder entre directores y juntas vecinales de El Alto, “tres miembros del directorio y del sindicato de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento acordaron designar un gerente interino, postergándose por cuatro meses la reestructuración de la empresa”. Desde ese momento, se congeló la reforma institucional indispensable para asegurar una gestión eficiente. Seis años después la ‘crisis del agua’ terminó desnudando la incompetencia e ingobernabilidad de la institución.
Tras el escándalo del Fondo Indígena, la ministra de Transparencia afirmó que su directorio era totalmente “ingobernable” no solo por la participación de varios ministros, sino por la dirigencia de 10 organizaciones sociales… aquejadas por una “total falta de conocimiento de la cosa pública”.
El cuoteo sindical campesino por ese botín de guerra se repitió en ministerios y en la polémica preselección de candidatos a los altos cargos del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional. Once años después persisten dudas sobre el destino de más de 500 millones de bolivianos del Fondioc y se reafirma la opinión de que la dirigencia del Pacto de Unidad y de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) perdió la inocencia.
No es casual que al declinar a una ‘inexistente’ candidatura vicepresidencial, Álvaro García Linera se haya referido a la “debacle de la mística del proceso” y a la necesidad de “combatir individualismos, corporativismos y burocratismos”.
Pese a esta evidencia, el presidente pide no tocar el poder real asentado en la Conalcam, en cuyo seno los cocaleros son la voz cantante y sonante. Como nunca antes, Evo depende de ellos. El dilema es inevitable. La ineficiencia y la impericia no les preocupa. La amenaza de ingobernabilidad es su arma. Se consolidan prácticas perversas del pasado.
Dicho esto, no debiera sorprendernos la temeraria decisión de subordinar la Constitución a la fuerza movilizadora de organizaciones sociales para forzar la pretensión ‘prorroguista’ del presidente que el pueblo negó el 21 de febrero. El líder se empequeñece ante el país y el mundo al pedir que se avasalle el Estado de derecho, al demandar instaurar el orden no de la ley, sino del más fuerte. Lo hace en el peor momento, cuando es creciente el rechazo ciudadano a la degradación de esa dirigencia social antes asumida como ‘reserva moral’. Narcisismo puro. Ceguera de un núcleo de poder enredado en sus propias decisiones, desconectado de su pueblo y de las urgencias que la democracia debe resolver en tiempos de Navidad y un incierto 2017
Tras el escándalo del Fondo Indígena, la ministra de Transparencia afirmó que su directorio era totalmente “ingobernable” no solo por la participación de varios ministros, sino por la dirigencia de 10 organizaciones sociales… aquejadas por una “total falta de conocimiento de la cosa pública”.
El cuoteo sindical campesino por ese botín de guerra se repitió en ministerios y en la polémica preselección de candidatos a los altos cargos del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional. Once años después persisten dudas sobre el destino de más de 500 millones de bolivianos del Fondioc y se reafirma la opinión de que la dirigencia del Pacto de Unidad y de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) perdió la inocencia.
No es casual que al declinar a una ‘inexistente’ candidatura vicepresidencial, Álvaro García Linera se haya referido a la “debacle de la mística del proceso” y a la necesidad de “combatir individualismos, corporativismos y burocratismos”.
Pese a esta evidencia, el presidente pide no tocar el poder real asentado en la Conalcam, en cuyo seno los cocaleros son la voz cantante y sonante. Como nunca antes, Evo depende de ellos. El dilema es inevitable. La ineficiencia y la impericia no les preocupa. La amenaza de ingobernabilidad es su arma. Se consolidan prácticas perversas del pasado.
Dicho esto, no debiera sorprendernos la temeraria decisión de subordinar la Constitución a la fuerza movilizadora de organizaciones sociales para forzar la pretensión ‘prorroguista’ del presidente que el pueblo negó el 21 de febrero. El líder se empequeñece ante el país y el mundo al pedir que se avasalle el Estado de derecho, al demandar instaurar el orden no de la ley, sino del más fuerte. Lo hace en el peor momento, cuando es creciente el rechazo ciudadano a la degradación de esa dirigencia social antes asumida como ‘reserva moral’. Narcisismo puro. Ceguera de un núcleo de poder enredado en sus propias decisiones, desconectado de su pueblo y de las urgencias que la democracia debe resolver en tiempos de Navidad y un incierto 2017
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