En 1937, México fue el escenario de una confrontación entre Estado y empresas petroleras privadas que operaban en su territorio, llegando a su desenlace en marzo de 1938, con la nacionalización y expropiación de los bienes de las compañías con el compromiso de una indemnización.
El presidente Lázaro Cárdenas, además de nacionalizar la industria, creó PEMEX como empresa estatal y estableció en la Constitución Política del Estado la prohibición de la participación privada en la exploración y explotación de hidrocarburos.
Hasta diciembre 2013, México mantuvo inconmovible esa prohibición. Sorteando circunstancias muy difíciles como la negociación del Tratado de Libre Comercio con USA.
Por esa férrea posición, México fue calificado como un faro que ilumina y orienta la política petrolera de otros países latinoamericanos.
Pero en esas 4 décadas sucedieron muchos cambios en el mundo energético. Los países con hidrocarburos en sus territorios, lograron el control de este recurso.
Así, tenemos que más el 70% de las reservas están controladas por los estados. Las empresas privadas tuvieron que moderar su apetito y arrogancia para aceptar términos y condiciones más favorables a los estados anfitriones. Las empresas estatales que en búsqueda de reservas y producción se convirtieron en empresas transnacionales, contribuyeron a este cambio.
Se creó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que hasta ahora juega un papel decisivo en la determinación de precios del petróleo.
Los campos fáciles y baratos de explotar son ahora muy escasos y quedaron campos difíciles o en partes remotas del planeta o en el fondo del mar en aguas cada vez más profundas.
Estas nuevas condiciones exigen tecnologías más complejas y depuradas en las que las empresas privadas tienen una gran ventaja.
Hace 10 años, México producía 3,4 millones de bpd de petróleo e importaba 25.000 bd de gasolina. Todo con un presupuesto anual de $us 100.000 millones. El 2013, ha producido 2.5 millones bpd de petróleo e importo 395.000 bd de gasolina, con un presupuesto de $us 20.500 millones.
Estas cifras nos demuestran una disminución en el potencial de reservas y producción de México. Los descubrimientos, por otras compañías, en el Golfo de México señalan mayores reservas en el fondo del mar en aguas territoriales mexicanas. A lo anterior se debe añadir el potencial de gas y petróleo en esquisto (oil & gas shale). Los gobiernos mexicanos de estos últimos años estaban conscientes que el país estaba inmerso en una corriente descendente, pero no podían sobrepasar a la oposición política a la reforma constitucional que permita el ingreso de capital privado.
La actual administración ha presentado un proyecto de reforma energética, (petróleo y electricidad), para lograr mayor producción de hidrocarburos y mejores tarifas eléctricas.
El proyecto, que requiere reformas constitucionales, ha sido aprobado en el congreso. Este año se presentará para aprobación un paquete de leyes que permitan llevar a cabo el proyecto en forma legal y ordenada. México ahora está buscando recuperar el tiempo perdido. Pero antes que las luces del faro mexicano orientador se extingan, ha tenido un destello dirigido a nosotros que debemos aprovechar. México primero ha reformado su Constitución Política y ahora está preparando la legislación secundaria. Como era de esperarse, el capital privado prácticamente está haciendo fila para cuando las leyes sean aprobadas. Nosotros hemos hecho las cosas al revés con nuestra habitual inconsistencia. Hemos aprobado una CPE con detalles que afectan leyes ya promulgadas como la de Hidrocarburos y otras.
También, fieles a nuestro estilo, tratamos de disminuir o pasar por alto estas fallas con decretos y otros instrumentos legales menores. Esos señuelos no atraen inversión privada que además tiene buena memoria.
El resultado es que no tenemos nueva inversión en hidrocarburos. Estamos gastando cuantiosas sumas de reservas fiscales en busca de petróleo y gas, tratando de cubrir el atraso exploratorio. Estamos igual que México buscando el tiempo perdido.
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