el pliego de los amotinados incluye el relevo del jefe policial Maldonado quién exhorta al diálogo mientras la rebelión continúa. (El Deber, SC)

El pésimo manejo del  conflicto de referencia ha desvelado, una vez más, la tendencia del Gobierno y de sus principales funcionarios de ignorar los conflictos o de restarles importancia en vez de buscar oportunamente acercamientos y las soluciones más adecuadas. Se ha vuelto una perniciosa actitud oficial ver apenas sobre la superficie de las cosas y reaccionar extemporáneamente ante los hechos por ocurrir. La crisis policial se arrastra desde hace tiempo y ameritaba la mayor atención del Gobierno. No se la prestó y las consecuencias están a la vista.
La Policía nacional arrastra, además del pesado estigma de la corrupción, complejos problemas estructurales y de conducción. En los últimos seis años ha tenido siete comandantes y son conocidas como ríspidas sus relaciones con el propio presidente Morales.
En un llamado a la reflexión y al diálogo, intentando calmar las agitadas aguas, el actual comandante de cuestionada y resistida designación pidió a los policías amotinados “hacer institución sirviendo al pueblo”. Servir al pueblo con exiguos salarios, sin los medios adecuados y arriesgando la vida a cada momento. 
En semejantes circunstancias, misión difícil la del comandante para convencer a sus camaradas de base cuando estos -en sus demandas por la nivelación de sus sueldos con los de uniformados de otras fuerzas y por su derecho a la protesta- incorporaron el pedido de su destitución inmediata. Una exigencia que  pone en jaque a la jerarquía policial que, al igual que la militar, está subordinada al poder político. Un poder político también jaqueado y obligado a encontrar la salida a una crisis peligrosamente desbordada y que, Dios quiera, pueda conjurar para devolver la tranquilidad una vez más arrebatada a los bolivianos.
 (marchas frente al Palacio Cerrado herméticamente. fotos de ABI agencia oficial)