El analista Erick Fajardo advierte que el asilo del dirigente y senador opositor Roger Pinto es síntoma de que se viene una arremetida del gobierno contra una oposición legislativa que el último año concentró su ofensiva en el “talón de Aquiles” del régimen cocalero que preside Evo Morales: los vínculos con el narcotráfico.
Desde Estados Unidos el ex asesor opositor Erick Fajardo aseguró que el asilo del jefe de la bancada opositora en el Senado Nacional apenas es la inauguración de un “tercer ciclo” de persecución política que prevé alcanzará a su par en la Cámara de Diputados, el actual Jefe de bancada de Convergencia Nacional, Luis Felipe Dorado.
“Cuando estuvo aquí, en Estados Unidos, para indagar sobre el juicio al general René Sanabria, le dije a Luis Felipe (Dorado) que él sería el siguiente, debido a que el MAS jamás le perdonaría haber metido el dedo en un tema neurálgico para el gobierno”, sostuvo.
El Gral. René Sanabria, Jefe de Inteligencia del Ministerio de Gobierno fue detenido in fraganti y procesado en 2011 por la justicia americana por el cargo de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos.
Según Fajardo, a los perseguidos políticos del proceso autonómico de 2006 y de la oposición nacional emergente de las elecciones generales 2009, le sigue ahora una tercera generación de perseguidos por la resistencia al “narco-estado”.
Descartó la posición gubernamental que niega la existencia de perseguidos políticos y que imputa a los exiliados de la oposición con cargos de corrupción. “la supuesta persecución a la corrupción es la mascarada para la cacería de opositores”, destacó.
“El verdadero delito de los asambleístas Pinto y Dorado fue denunciar la penetración del narcotráfico en el estado plurinacional. El gobierno ya encerró o exilió a los líderes regionales y a las cabezas de la oposición en el parlamento, ahora solo le queda acallar las voces que denuncian al narco-estado”, agregó.
Los “ciclos” de la persecución
Para el exiliado Fajardo la “cacería” de opositores tuvo tres momentos y tres objetivos: desbaratar el movimiento autonómico, descabezara a la electa oposición en el parlamento y silenciar las denuncias de narcotráfico en contra de altos personeros de gobierno.
“Hubo un primer grupo de detenidos políticos, que fueron los cabecillas de la insurrección autonómica del periodo 2005-2008, entre ellos se cuentan a Leopoldo Fernández, Branko Marinkovic y otros líderes cívicos que fueron recluidos o tuvieron que abandonar el país debido a que se dictó su detención paralegal”, señaló.
Hubo una segunda ola de detenciones políticas que forzaron al exilio a otro grupo de opositores que había sobrevivido a la primera arremetida judicializadora, encontrando un paraguas y un blindaje temporal en la candidatura para las elecciones generales de 2009, entre ellos el mismo Manfred y otros más empujados a optar entre la detención y dejar Bolivia.
“Esta tercera camada de perseguidos tiene una característica particular: son los perseguidos del narco-estado. Ya cayó el jefe de senadores y estoy convencido que pronto lo hará el jefe de diputados”, indicó Fajardo.
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