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jueves, 14 de enero de 2016

Alvaro Puente desde Santa Cruz toca la labor del Supremo Electoral, reconoce que es labor política, y que no puede ser de otro modo.Alvaro reclama mayor firmeza del Tribunal que no debería limitarse a observar, sino ordenar acciones ecuánimesa los protagonistas.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) es el árbitro del partido que juegan los políticos, pero el presidente quiere que no esté en medio de la política. Aunque lloren los líderes de todos los partidos, les guste o no, el trabajo del TSE es político hasta el tuétano. Es parte esencial de la contienda política. Por eso es tonto acusarlos de políticos. Pueden hacerlo bien o mal, pueden ser parciales o imparciales, pueden ser tibios, pero siempre y en cualquier caso son parte del escenario político.

Posiblemente, el presidente se queja, no de que hagan política, sino de que hayan asumido una opción en contra de su partido, porque se queja de que le llaman la atención. Pues si le llaman la atención más a él no es porque su Tribunal se haya alejado del Movimiento Al Socialismo (MAS), es porque el MAS es el que ha merecido públicamente más jalones de oreja. Si le han llamado más la atención, simplemente es porque ha delinquido más. Lo que parece exagerado es decir que el MAS ha sido sancionado. Le habrán dicho en secreto que se modere, o han hecho aspavientos al decírselo, para que parezca que lo reprenden, pero no hemos sabido de sanciones. Si el TSE ha pecado de algo, no ha sido de parcialidad contra el Gobierno, sino de todo lo contrario. Si ha pecado de algo, ha sido de cobarde, de tibio ante el Gobierno. ¿No acaban de ‘reflexionarlo’ en lugar de aplicar la ley y sancionarlo? Ciertamente, no hacen lo que quisiera el Gobierno. No salen a la calle a hacer campaña con ministros y parlamentarios, pero son obsecuentes. Con disimulo, aparentando corrección, pero lo dejan hacer lo que quiere.

Se quejan de que es injusto limitar el tiempo de los actos gubernamentales de entrega de obras. ¿Quién los limita? No les limitan los actos. Les limitan el uso del canal de televisión estatal en sus actos proselitistas. Si el TSE fuera ecuánime, debiera dar la vuelta a la norma. Debiera exigir que el canal estatal, el canal de todos, dedique a transmisiones de la oposición el mismo tiempo que destina a la propaganda del Gobierno. ¿A que no se atreven a proponerlo? ¿Por qué acapara el Gobierno la programación del canal de todo el país? ¿No es corrupción utilizar en provecho propio lo que es de todos? Esa es la limitación que le ponen y que nadie hace caso. Esa es la vieja política que el MAS nos juró que no volvería. ¿No es política de la mala que a uno de los contendientes no se le pueda limitar nada? ¿No es política, de la sucia, que los del Gobierno usen funcionarios, bienes e instrumentos del país como si ellos fueran los dueños?

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