E n agosto próximo se cumplirán cuatro años del espantoso baño de sangre registrado en la cárcel de Palmasola de esta ciudad por pugnas de poder entre facciones de internos. Las fuerzas del orden no pudieron evitar ni frenar el violento enfrentamiento que se saldó con más de una treintena de muertos. Desde entonces nada ha cambiado en Palmasola ni en otros recintos carcelarios del departamento y del país, donde el cuadro de situación es similar. La falta de un sistema carcelario adecuado, las fallas graves en la administración de justicia y una infraestructura precaria son los factores que hacen figurar al régimen penitenciario boliviano como uno de los peores del mundo.
La sentencia que priva de libertad a un ser humano debería ser, como en todas partes, suficiente castigo por su delito. Si a eso se agrega que esa persona no puede tener ni una cama decente ni un sanitario y recibe, además, una alimentación miserable, la sanción aumenta injustamente. Es sabido, asimismo, que en Bolivia los reclusos tienen que buscar su sobrevivencia en las cárceles. Lo hacen trabajando para otros internos en labores domésticas. Otros confabulan con antisociales que están libres para, desde su lugar de reclusión, cometer acciones delictivas en el exterior del penal.
Para colmo de males, el hacinamiento en los recintos carcelarios llega a extremos inauditos, tal como lo señala un informe descarnado de EL DEBER que constató las penurias de los privados de libertad en las celdas policiales de Warnes, Montero y Okinawa. “Los reclusos viven en condiciones infrahumanas, unos duermen apoyados en las paredes, otros en los pasillos o sillas”, refiere la nota, aportando datos del Ministerio de Gobierno que indican que, en todo el país, la población penal triplica la capacidad de los reclusorios. El hacinamiento es mayor en Santa Cruz porque la cantidad de internos se sextuplica.
En Palmasola hay cabida para 800 reclusos, pero actualmente suman más de 5.000 y la tendencia es al incremento gradual.
La construcción de cárceles modelo y la agilización de los procesos que ayude a reducir los altos porcentajes de los detenidos preventivamente son, entre muchas otras, asignaturas pendientes que deben ser encaradas por el Gobierno sin más demora para desactivar las bombas de tiempo en que se han convertido los presidios bolivianos.
El horror vivido en Palmasola en 2013 debió haber apurado las soluciones de fondo e integrales para la grave crisis carcelaria que, por el contrario, se mantiene inmutable en el país
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