El Deber menciona a Sanabria, a Santisteban, a Vásquez cuando se refiere a la corrupción policial y las denuncias de éste último que deben ser procesadas para la buena salud del cuerpo policial

En medio de la inagotable y diversa conflictividad que se viene sorteando a muy duras penas en el país, no es asunto de menor importancia que, públicamente, un excomandante ahora en funciones de viceministro de Seguridad Ciudadana denunciara la existencia de “mafias” incrustadas en la Policía nacional y pidiera una ‘limpieza’ para que la institución del orden esté más cerca de la ciudadanía. En el pasado reciente se han dado hechos de violencia -como ajustes de cuentas- que mostraron al narcotráfico como elemento vinculante entre policías y mafiosos. Entonces, en el secuestro de un presunto ‘narco’ y el asesinato de seis de sus guardaespaldas en San Ramón, se hizo evidente la participación de policías de diversa graduación en servicio pasivo y activo.
El mismo funcionario policial ha desvelado que, al poco tiempo de haber asumido el mando, algunos de sus camaradas “corruptos y delincuentes” montaron una conspiración para alejarlo del cargo y que en 2007 atentaron contra su vida al dejar sin frenos un vehículo de su propiedad. Un año después solicitó su relevo al jefe de Estado porque ya no podía soportar la corriente conspirativa en el seno de la propia Policía ni las amenazas mafiosas contra su familia. 
Tampoco es algo irrelevante que el actual comandante de la Policía camine por la cuerda floja y su cambio parezca inminente  porque, supuestamente, está implicado en la admisión irregular de 54 bachilleres ‘interculturales’ a la Universidad Policial (Unipol). Entre protestas y lágrimas, los jóvenes bachilleres tuvieron que abandonar la Unipol por orden directa del ministro de Gobierno mientras que chicanas jurídicas han impedido que el cuestionado comandante preste sus declaraciones sobre el bullado caso cuya investigación puede enmarañarse, tal como la que se abrió por la brutal agresión de policías a los indígenas del Tipnis en septiembre de 2011 y la detención y aparente golpiza a una enfermera durante los recientes disturbios en la sede de Gobierno por el prolongado conflicto del sector salud.
La detención y posterior encarcelamiento en una prisión estadounidense del general René Sanabria, el ‘zar antidroga’ boliviano, involucrado en tráfico de cocaína, fue un escándalo mayúsculo que puso en jaque al Gobierno nacional y remeció los carcomidos cimientos de la institución verde olivo. 
Corroída por la corrupción, instrumentalizada por el  actual poder político, que además la ha sometido a un  inaudito y grosero manoseo, con su imagen institucional astillada y su crédito muy disminuido ante la ciudadanía que observa con mucho recelo su accionar, la Policía boliviana está atravesando, no cabe la menor duda, por el peor momento de su más que centenaria vigencia institucional.
Corrupción cero en 90 días y una ‘purga’ de malos policías a cargo de un equipo especial al que se encomendó una tarea de ‘seguimiento y rastreo’ en diferentes unidades operativas del país, se recuerdan entre los altisonantes anuncios, algunos de ellos efectuados por el propio presidente del Estado y su vicepresidente.
En suma, nada se ha sacado en limpio; una completa restructuración de la Policía nacional, absolutamente necesaria para extirpar de raíz la corrupción fuertemente enquistada en sus estructuras, sigue siendo una tarea pendiente.