El fiscal Marcelo Soza ha dejado bien claro que no está solo en el contorsionado “caso terrorismo”, que pese a todo, tiene el aval del régimen para continuar, a riesgo de que siga deteriorándose la credibilidad del Gobierno y en particular la imagen del presidente Morales.
Las circunstancias le han dado la razón en sentido de que “el caso terrorismo no puede caerse” y así lo confirma el sorpresivo cambio de actitud del Ministerio de Gobierno, que de la duda ha pasado a la plena certeza de que “el audio presentado por la senadora Carmen Eva Gonzales es un montaje”, versión que coincide exactamente con la que sacó a relucir Soza durante su audiencia con el fiscal Genaro Quenta, quien promete investigar el escándalo.
No se podía pretender que el fiscal Soza admita algo que ha sido plenamente comprobado por dos estudios científicos realizados en el extranjero y tampoco se puede esperar que las autoridades que han sido seriamente comprometidas por el funcionario se estrellen contra quien ha sido el principal sabueso en la estrategia de persecución política, pero ya sea con Soza prófugo o presente en el Ministerio Público, este hecho no deja de ser una papa caliente de la que será muy difícil zafar, sobre todo después de que ha sido presentado un nuevo audio de las mismas características del anterior, en el que el Soza no solo confirma que se dedicaba a perseguir gente inocente, sino que lo hacía por órdenes del Gobierno, con que el ahora se encuentra en relaciones muy peligrosas.
Uno de los riesgos inminentes a los que se enfrente el MAS es la división interna, como sucedió con la red de abogados extorsionadores, que obligó a las máximas instancias políticas a recurrir a normas disciplinarias absurdas como la prohibición de pensar por sí mismos y sacar del camino a connotados dirigentes que habían lanzado algunas críticas y habían pedido una investigación minuciosa del escándalo relacionado al norteamericano Jacob Ostreicher. En esa ocasión se dijo que la corrupción y el chantaje se habían convertido en un cáncer dentro de la administración gubernamental y lamentablemente el tumor sigue intacto, con el peligro de que se extienda por todo el organismo estatal.
El Gobierno ha ido muy lejos en tratar de acallar las denuncias en su contra y en perseguir a sus detractores. Su arremetida judicial con cientos de proceso en contra de los opositores ha llamado la atención a nivel internacional, ha sido tema de crítica de organismos multilaterales e incluso ha llegado a causarle al país confrontaciones diplomáticas con Brasil, por el caso del senador Róger Pinto y con algunas naciones europeas que reclaman insistentemente que se aclare la matanza del hotel Las Américas. Si lo que pretende es frenar todo lo que se viene con el caso Soza, no tiene más remedio que subir la apuesta y eso es lo que parece estar sucediendo con el anuncio de sendos juicios en contra de la senadora Gonzales. Y lo peor para el régimen es que todo esto sucede en la antesala de un año electoral, el más difícil de los últimos siete años para el MAS.
Por último están las instancias judiciales internacionales, donde los procesos suelen progresar silenciosamente y que saltan cuando menos se espera. Justamente por este motivo es que el Gobierno no debe dejar caer el "caso terrorismo", porque de lo contrario sería admitir lo que oficialmente ya denunció el Movimiento Sin Miedo en el país, que aquí lo que se debe investigar es un grave caso de Terrorismo de Estado, un delito que no prescribe y cuya jurisdicción es mundial.
Las circunstancias le han dado la razón en sentido de que “el caso terrorismo no puede caerse” y así lo confirma el sorpresivo cambio de actitud del Ministerio de Gobierno, que de la duda ha pasado a la plena certeza de que “el audio presentado por la senadora Carmen Eva Gonzales es un montaje”, versión que coincide exactamente con la que sacó a relucir Soza durante su audiencia con el fiscal Genaro Quenta, quien promete investigar el escándalo.
No se podía pretender que el fiscal Soza admita algo que ha sido plenamente comprobado por dos estudios científicos realizados en el extranjero y tampoco se puede esperar que las autoridades que han sido seriamente comprometidas por el funcionario se estrellen contra quien ha sido el principal sabueso en la estrategia de persecución política, pero ya sea con Soza prófugo o presente en el Ministerio Público, este hecho no deja de ser una papa caliente de la que será muy difícil zafar, sobre todo después de que ha sido presentado un nuevo audio de las mismas características del anterior, en el que el Soza no solo confirma que se dedicaba a perseguir gente inocente, sino que lo hacía por órdenes del Gobierno, con que el ahora se encuentra en relaciones muy peligrosas.
Uno de los riesgos inminentes a los que se enfrente el MAS es la división interna, como sucedió con la red de abogados extorsionadores, que obligó a las máximas instancias políticas a recurrir a normas disciplinarias absurdas como la prohibición de pensar por sí mismos y sacar del camino a connotados dirigentes que habían lanzado algunas críticas y habían pedido una investigación minuciosa del escándalo relacionado al norteamericano Jacob Ostreicher. En esa ocasión se dijo que la corrupción y el chantaje se habían convertido en un cáncer dentro de la administración gubernamental y lamentablemente el tumor sigue intacto, con el peligro de que se extienda por todo el organismo estatal.
El Gobierno ha ido muy lejos en tratar de acallar las denuncias en su contra y en perseguir a sus detractores. Su arremetida judicial con cientos de proceso en contra de los opositores ha llamado la atención a nivel internacional, ha sido tema de crítica de organismos multilaterales e incluso ha llegado a causarle al país confrontaciones diplomáticas con Brasil, por el caso del senador Róger Pinto y con algunas naciones europeas que reclaman insistentemente que se aclare la matanza del hotel Las Américas. Si lo que pretende es frenar todo lo que se viene con el caso Soza, no tiene más remedio que subir la apuesta y eso es lo que parece estar sucediendo con el anuncio de sendos juicios en contra de la senadora Gonzales. Y lo peor para el régimen es que todo esto sucede en la antesala de un año electoral, el más difícil de los últimos siete años para el MAS.
Por último están las instancias judiciales internacionales, donde los procesos suelen progresar silenciosamente y que saltan cuando menos se espera. Justamente por este motivo es que el Gobierno no debe dejar caer el "caso terrorismo", porque de lo contrario sería admitir lo que oficialmente ya denunció el Movimiento Sin Miedo en el país, que aquí lo que se debe investigar es un grave caso de Terrorismo de Estado, un delito que no prescribe y cuya jurisdicción es mundial.
Este hecho no deja de ser una papa caliente de la que será muy difícil zafar, sobre todo después de que ha sido presentado un nuevo audio de las mismas características del anterior, en el que el Soza no solo confirma que se dedicaba a perseguir gente inocente, sino que lo hacía por órdenes del Gobierno, con que el ahora se encuentra en relaciones muy peligrosas.
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