Qué va a pasar si el Tribunal Constitucional (TCP) le da la razón al oficialismo y decreta que la Constitución boliviana es inconstitucional? Parece un trabalenguas y lo más probable es que una decisión de esa naturaleza nos lleve a una confusión legal de grandes proporciones que deje al país en una situación de “forajido”, fuera de la ley, al margen de los principios democráticos y desterrado de las convenciones internacionales sobre el estado de derecho.
Preguntemos otra vez ¿qué van a hacer? ¿Van a “tachonear” la carta magna? ¿Le van a introducir ellos mismos el texto de conformidad con las intenciones del Gobierno? ¿Van a redactar otra constitución entre cuatro paredes? ¿Van a renegar abiertamente de los pactos multilaterales que ha suscrito el Estado boliviano y que son de cumplimiento obligatorio?
La otra alternativa es la que propone el expresidente Carlos Mesa, de llamar a un nuevo referéndum y lo sugiere en el entendido de que el Gobierno se niega a llamar a las urnas para preguntar por la cuarta repostulación del presidente Morales, porque están seguros de una respuesta negativa de la población. Aún así, esta opción sería ilegal, puesto que la Constitución prohíbe convocar a una segunda consulta por el mismo motivo durante un solo periodo gubernamental.
En el caso de que el TCP se atreva a manosear la Constitución, no solo estará incurriendo en la aberración más grande cometida en democracia, sino que estará usurpando funciones, perpetrando un acto ilegal y contrario a la naturaleza de cualquier orden constitucional. Será el final del sistema democrático en Bolivia y la instauración de una dictadura anclada en el dictamen de un organismo de la justicia absolutamente enajenado.
Una comisión de alto nivel del Gobierno ha acudido ante la OEA para consultar sobre la maniobra que están ejecutando en coordinación con el TCP cuya sumisión asegura un fallo favorable. Si han hecho el viaje a Washington es porque reconocen la autoridad del organismo para dirimir en este aspecto, hecho que no trae buenos augurios para el régimen, no solo por la reciente manifestación del Secretario General, Luis Almagro, sino por la ratificación que se hizo ayer en una sesión abierta y por los antecedentes manifestados por el jefe del gabinete de la secretaria general, Gonzalo Koncke, quien fue lapidario en contra de la propuesta boliviana. Obviamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizará el asunto y fijará una posición oficial y definitiva. ¿Qué hará el gobierno boliviano entonces? ¿La va a desconocer? ¿Le meterán nomás?
Y finalmente, llegará el momento de acudir a las urnas, tema que se ha vuelto amenazante para el régimen pues está claro que la confianza de la gente y la credibilidad se han esfumado. Los más preocupados justamente son los oficialistas y por eso mismo rehúyen el escrutinio del soberano. Con el antecedente del referéndum del 21F que pretenden desconocer, las expectativas no son nada alentadoras para nuestra democracia, ni siquiera en su aspecto más elemental: el voto.
En el caso de que el TCP se atreva a manosear la Constitución, no solo estará incurriendo en la aberración más grande cometida en democracia, sino que estará usurpando funciones, perpetrando un acto ilegal y contrario a la naturaleza de cualquier orden constitucional.
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