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| Carlos Valverde que en su programa de Radio protestó por el hecho. |
Yacuiba ha vuelto a ser el escenario de un nuevo episodio de barbarie relacionado con los medios de comunicación y el estado crítico en el que se encuentra la libertad de prensa en Bolivia. A cuatro años de aquel atentado explosivo contra un canal de televisión en el que se vio envuelto nada menos que un militar de la élite que custodia al presidente (y que por supuesto, quedó impune), un hecho nunca visto en el país se ha producido en contra de un veterano locutor de radio a quien le prendieron fuego mientras conducía un programa en la localidad fronteriza.
La opinión pública ha reaccionado con estupor frente a este hecho que ha merecido también el repudio de las autoridades de Gobierno, que han prometido el esclarecimiento total y el castigo correspondiente a los autores. El ataque contra Fernando Vidal, quien ha ejercido el periodismo durante 60 años, ha sido objeto de preocupación de organismos como la ONU y Amnistía Internacional, que reiteradamente han hecho observaciones sobre el enrarecido clima de hostilidad que existe contra los medios de comunicación independientes en el país y que muchas veces es estimulado por los voceros del régimen gobernante.
El salvaje atentado contra Vidal, quien ejercía su derecho a opinar sobre los temas de actualidad como cualquier ciudadano libre y en Estado de Derecho, es parte del estado de intolerancia y violencia política en la que estamos viviendo en todo el territorio nacional y que provoca enfrentamientos, odios, resentimientos y todo tipo de ataques que quedan impunes porque existe una clara inclinación de los administradores de justicia para torcer las cosas a favor de las fuerza que buscan consolidar su hegemonía a como dé lugar, muchas veces, infundiendo temor e incurriendo en actos que rayan en el terrorismo de Estado.
Sin la misma brutalidad, pero con idénticas intenciones de atropellar la libertad de expresión y acallar el pluralismo, el pasado lunes se produjo otro hecho lamentable para la comunicación en el país, cuando varios directores de medios, entre ellos un nonagenario e ilustre maestro del periodismo nacional, fueron llevados ante el banquillo de los acusados para responder por una acusación le hacen desde las más altas esferas del poder, donde la soberbia está causando estragos y provoca incluso algunos actos de constricción pública como la que protagonizó hace unos días el canciller David Choquehuanca.
Pero no es con poemas ni con oraciones –que sí hacen falta- que la situación volverá a la normalidad. Si bien es cierto que los corazones pueden haberse endurecido, lo más claro es que debe restituirse el Estado de Derecho en el país, para que la justicia funcione con normalidad y exista el goce pleno de las garantías constitucionales.
Nuestros gobernantes deben cambiar de prioridad. Hoy están enfrascados en una carrera por la perpetuidad que no los deja contemplar los verdaderos problemas del país y lo que es peor, los está llevando a una situación en la que poco importan los métodos, los derechos humanos y la cordura.
Todos los ataques contra la libertad de expresión que el régimen ha promovido y ha tolerado, han tenido un efecto de empoderamiento hacia diversos sectores que hoy se sienten con la libertad de atacar a los periodistas y cometer crímenes indecibles como el de Yacuiba.
La opinión pública ha reaccionado con estupor frente a este hecho que ha merecido también el repudio de las autoridades de Gobierno, que han prometido el esclarecimiento total y el castigo correspondiente a los autores. El ataque contra Fernando Vidal, quien ha ejercido el periodismo durante 60 años, ha sido objeto de preocupación de organismos como la ONU y Amnistía Internacional, que reiteradamente han hecho observaciones sobre el enrarecido clima de hostilidad que existe contra los medios de comunicación independientes en el país y que muchas veces es estimulado por los voceros del régimen gobernante.
El salvaje atentado contra Vidal, quien ejercía su derecho a opinar sobre los temas de actualidad como cualquier ciudadano libre y en Estado de Derecho, es parte del estado de intolerancia y violencia política en la que estamos viviendo en todo el territorio nacional y que provoca enfrentamientos, odios, resentimientos y todo tipo de ataques que quedan impunes porque existe una clara inclinación de los administradores de justicia para torcer las cosas a favor de las fuerza que buscan consolidar su hegemonía a como dé lugar, muchas veces, infundiendo temor e incurriendo en actos que rayan en el terrorismo de Estado.
Sin la misma brutalidad, pero con idénticas intenciones de atropellar la libertad de expresión y acallar el pluralismo, el pasado lunes se produjo otro hecho lamentable para la comunicación en el país, cuando varios directores de medios, entre ellos un nonagenario e ilustre maestro del periodismo nacional, fueron llevados ante el banquillo de los acusados para responder por una acusación le hacen desde las más altas esferas del poder, donde la soberbia está causando estragos y provoca incluso algunos actos de constricción pública como la que protagonizó hace unos días el canciller David Choquehuanca.
Pero no es con poemas ni con oraciones –que sí hacen falta- que la situación volverá a la normalidad. Si bien es cierto que los corazones pueden haberse endurecido, lo más claro es que debe restituirse el Estado de Derecho en el país, para que la justicia funcione con normalidad y exista el goce pleno de las garantías constitucionales.
Nuestros gobernantes deben cambiar de prioridad. Hoy están enfrascados en una carrera por la perpetuidad que no los deja contemplar los verdaderos problemas del país y lo que es peor, los está llevando a una situación en la que poco importan los métodos, los derechos humanos y la cordura.
Todos los ataques contra la libertad de expresión que el régimen ha promovido y ha tolerado, han tenido un efecto de empoderamiento hacia diversos sectores que hoy se sienten con la libertad de atacar a los periodistas y cometer crímenes indecibles como el de Yacuiba.
Debe restituirse el Estado de Derecho en el país, para que la justicia funcione con normalidad y exista el goce pleno de las garantías constitucionales. Nuestros gobernantes deben cambiar de prioridad. Hoy están enfrascados en una carrera por la perpetuidad que no los deja contemplar los verdaderos problemas del país. Poco importan los derechos humanos y la cordura.
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