El país entero está disconforme con los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, como se acaba de comprobar con las protestas de los paceños y las programadas jornadas de repudio en cada uno de los demás departamentos.
Lo que molesta a la mayoría de los bolivianos es que los resultados de ese censo parecen responder a la intención del Gobierno de reducir, proporcionalmente a la disminución de la población de cada departamento, las partidas presupuestarias que les corresponden. Esa sospecha parece excesiva e injusta, porque es difícil concebir que unos servidores públicos actúen con semejante frialdad y descaro, guiados solamente por la presunta intención de rebajar los presupuestos de los departamentos. Hay, sin embargo, un documento que permite comprobar que el manejo de las finanzas públicas no es muy serio, en este caso de parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, acaba de enviar a dicho ministerio una carta que resume varias anteriores, con observaciones muy certeras sobre los “errores y contradicciones” de esa repartición del Gobierno central. Llega a decir que uno de los problemas principales de la formulación y ejecución de los presupuestos de 360 instituciones territoriales autónomas del país, entre universidades, municipios y gobernaciones, “son los errores permanentes del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en la emisión y entrega de los techos financieros”. Lo mínimo que podría esperar el país de una repartición técnica como la mencionada es que su eficiencia sea, al menos, igual o proporcional a la propaganda que hace de su gestión.
Hay también pecados de improvisación. En los últimos días, el Gobierno ha emitido una disposición por la cual se decreta una amnistía e indulto para los privados de libertad que congestionan las cárceles del país. Los reos de la cárcel de San Pedro de La Paz han dicho, mediante un documento, que la medida ha sido mal calculada por el Gobierno, ya que solo beneficiará al 1% de ellos.
Una medida tomada pensando en que era preciso hacer un anuncio a pocos días de la matanza de Palmasola para mitigar sus efectos, no ha sido bien meditada para que pueda ayudar a resolver el problema. Al excluir del beneficio a los reos vinculados con el narcotráfico ha excluido a un 80% de la población carcelaria del país, una población que creció en un 150% desde 2006 hasta ahora. No se puede gobernar un país si a sus mandantes les falta eficiencia y seriedad
No hay comentarios:
Publicar un comentario