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sábado, 22 de febrero de 2014

la ley actual es mejor "se procederá a la confiscación de la propiedad privada siempre que se declare de necesidad pública y previo pago de la indemnización" la nueva ley diría simplemente "salvo que afecten a la sobería o al interés público" o sea más de lo mismo. lo denuncia El Deber de SC

Quienes han elaborado el proyecto de ley de inversiones parecen no haber entendido que el sector privado nacional y extranjero estaba pidiendo un sistema de seguridades jurídicas para invertir, y no veladas amenazas de nacionalización. La espera ha sido muy larga hasta que llegue este momento, en que el Parlamento anuncia que tiene, después de ocho años de minucioso y seguramente esforzado trabajo, un proyecto listo para ser considerado en las plenarias.

El proyecto de ley contiene un artículo que ha sido considerado ambiguo por el embajador de la Unión Europea, Tim Torlot, pues dice que las nacionalizaciones estarán descartadas, salvo que las empresas “afecten a la soberanía o al interés público”. Por supuesto, quien debe decidir si las empresas que estén en la mira de los nacionalizadores afectan o no a la soberanía o al interés nacional serán los responsables del Gobierno del momento. Y eso no es una garantía para las inversiones, según el criterio del diplomático europeo, que también ha observado el hecho de que esté en preparación una ley sobre los arbitrajes, que anularía la vigencia de los tribunales internacionales para la definición de controversias.

Según la Constitución Política del Estado, en el país deben convivir empresas estatales, comunitarias y privadas. Por lo que se ha avanzado en materia de normativa, las estatales tienen acceso ilimitado –y no fiscalizado– al crédito de parte del Banco Central, las comunitarias reciben apoyo del Estado en forma de seguros contra los desastres naturales, pero las privadas estaban esperando la aprobación de la tan ansiada ley de inversiones. Lo que se quería, según los voceros del sector dentro del país y los voceros de países y regiones del exterior, era saber cuáles son las seguridades jurídicas que el Gobierno está dispuesto a dar a la iniciativa privada.

Dicen algunos reportes periodísticos que el sector privado ha observado un solo artículo del proyecto, el referido a las nacionalizaciones, que alude precisamente a las garantías de subsistencia de las empresas. El otro motivo de preocupación está en una ley diferente, que también se prepara con ritmo parsimonioso: la referida a los arbitrajes. Esto interesa sobre todo a las empresas extranjeras, que operan bajo el alero de instituciones internacionales de arbitraje, como las creadas por las Naciones Unidas.

Sería conveniente que el Gobierno tome en cuenta las demandas del sector privado, que aspira a seguridades jurídicas para operar con tranquilidad en el país

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