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domingo, 23 de febrero de 2014

Mauricio Ochoa escribe que la elección "por voto directo de los tribunos" fue medida destinada a la nada. sin embargo los masistas se esmeraron por mostrarla "como un ejemplo ante el mundo" la pusieron como "modelo a imitar" y ya estamos viendo los desastrozos resultados de tal política que evitó el consenso, y el acuerdo previo.

Quienes bajo el neologismo de la “descolonización de la justicia” llevaron al país a una insólita, millonaria y descerebrada elección de magistrados mediante sufragio tendrían que haberlo sabido muy bien desde un principio: se trató simple y llanamente de una medida destinada a la nada. El nuevo modelo eleccionario que según sus mentores era marca mayor de exportación cayó en boca del propio presidente Morales en saco roto, y resultó un rotundo fracaso, porque su concepción misma es antagónica con la razón democrática y republicana universal. Bolivia no es un satélite que gira en la órbita terrestre, ni tiene suficiente cultura democrática como para atreverse a proponerle al mundo semejante torpeza.
La justicia boliviana requiere sustanciales reformas constitucionales y legislativas. En primer lugar, y para no extenderme demasiado en este complejo asunto, es necesaria la derogación de aquéllas normas jurídicas que sustentan la elección mediante sufragio de magistrados, y por contrapartida la aprobación de su elección por el órgano legislativo con dos tercios de votos. Esto garantizaría en el largo plazo una menor politización de la justicia, por un lado, y además una anhelada independencia de poderes, siempre que la elección hecha por el Legislativo sea transparente y se funde en los méritos académicos, éticos y profesionales de los candidatos. ¿Utopía? Ciertamente sí, una utopía bajo el régimen actual, pero una idea que urge decir.
Sin duda, algo habrá inquietado al presidente Morales para lanzar sus dardos verbales contra el órgano judicial. Intuyo – a juzgar por su afán de perpetuarse en la silla presidencial y criminalizar a todo disidente y opositor – que se planifica una estrategia tendiente a desplazar aquél pequeñísimo sector de jueces y magistrados menos sumisos a los dictados de la cúpula oficialista, y por otra parte, condenar y encarcelar a ciertos disidentes y opositores todavía libres o sin condena. Y es que el caso Porvenir, el caso Rózsa, los procesos penales contra Mario Cossío, Roger Pinto, y Juan Del Granado, entre muchos otros, aún no tienen acusaciones formales o sentencias de primera instancia.
Anotó con razón el escritor Emilio Martínez que como resultado de la sistemática destrucción del sistema judicial, hay una cincuentena de presos políticos y casi ochocientos exiliados. Como ejemplo de esta destrucción del sistema judicial se encuentra el caso del opositor Felipe Moza – detenido sin condena en la cárcel de San Pedro desde 2008 – quien a partir de entonces demandó ochenta audiencias de cesación de detención preventiva que fueron suspendidas porque las partes querellantes (YPFB, Ministerio de Gobierno y Fiscalía) no acudieron, según afirmó la diputada Norma Piérola a la Red Unitel el pasado mes de enero.
Esta situación no puede seguir así. Toda sociedad democrática necesita el buen Gobierno repartido en una verdadera división de poderes, y una magistratura proba, honesta e independiente.

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