Tras la desarticulación de la red de corrupción y extorsión que arrastró a personeros de los ministerios de Gobierno y la Presidencia, ahora se implican además connotados juristas de nuestro medio. Así lo consideró el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien afirmó que “una mafia penetró entre fiscales y jueces”.
El ex juez Fernando Orellana, el ex fiscal de Distrito de Santa Cruz y candidato a Fiscal General del Estado, Isabelino Gómez fueron citados a declarar por el Ministerio Público por considerarlos vinculados al caso de Jacob Ostreicher.
Orellana, admitió que en su calidad de Juez autorizó la venta del arroz decomisado al estadounidense que estaba acopiada en diferentes sirios, no obstante aseguró que el dinero obtenido por la venta debió pasar a las cuentas de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI) y no para que se lo reparta entre los funcionarios.
“Yo vengo averiguar que ocurre con ese caso, nada mas. No soy imputado yo lo que ordené fue el remate no que se repartan el dinero. Debería estar en una cuenta corriente, dice la ley se depositará a nombre de DIRCABI, DIRCABI tendrá que responder, si se remató, si se hizo una venta directa, ¿dónde está el dinero?”, cuestionó el ex juez.
En cuanto al ex fiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez se presume que estaría detrás de los abogados “claves” del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera y Dennis Rodas, en ese marco, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Santa Cruz se centró en la investigac
Sin embargo, la ex autoridad del Ministerio Público aseguró que con sus declaraciones demostrará que no cometió ningún tipo de irregularidades, “y seguramente iremos a contrastar los hechos con realidad lo que corresponde es presentarse como cualquier ciudadano”, precisó la ex autoridad judicial.
Además, el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, declaró que el vocal del Tribunal Departamental de Justicia, Zenón Rodríguez, denunció, en sus declaraciones, haber recibido amenazas de parte del ex fiscal del distrito de Santa Cruz, cuando se determinó dar libertad al norteamericano Jacob Ostreisher.
Al momento son ya 14 presuntos implicados en el caso Ostreicher, de los cuales, dos son asesores jurídicos del Ministerio de Gobierno, un director del Ministerio de la Presidencia, un juez, otro jurista que se hacía pasar por empleado estatal y seis ex funcionarios de DIRCABI.
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