Ha hecho muy bien el régimen del MAS en buscar cómo consolidar su imagen a nivel internacional durante todo este tiempo. Es clave. Lo ha demostrado el “caso Ostreicher”, que junto al “caso Sanabria” seguramente representan el mayor declive en este aspecto y demuestran también que la presión externa da excelentes resultados cuando al interior de la casa las cosas andan muy mal.
El mundo globalizado afortunadamente ofrece excelentes oportunidades para buscar justicia, para combatir abusos como el que fue perpetrado contra Jacob Ostreicher, cuyos contactos demoraron algún tiempo, pero al final tocaron las puertas correctas con resultados muy efectivos y contundentes.
El régimen ha sido muy eficiente a la hora de infundir miedo, trauma que es necesario superar para reconquistar la democracia y la libertad. Eso fue lo que hizo Jacob Ostreicher y es lo que deben hacer todos quienes han sido extorsionados, calumniados y atemorizados durante más de tres años en el marco del denominado “caso Terrorismo”.
Como se sabe, dos de los detenidos en relación a la banda gubernamental de extorsionadores, has sido actores fundamentales en el Ministerio de Gobierno, realizando el trabajo sucio en diversos casos y sus instrumentos han sido siempre la extorsión, el chantaje y el miedo, herramientas que usaron contra las víctimas y también contra importantes administradores de justicia . Hasta último momento han estado ejerciendo presión sobre jueces y fiscales, donde estos sujetos ejercían amplios poderes.
Es obvio que todos los actores de este escándalo tienen contactos y relaciones íntimas con las máximas instancias del poder, pero aún así, perder el miedo sería la única alternativa de todos quienes han sido víctimas de sus oscuras maniobras y atrocidades.
El caso Ostreicher seguramente quedará chico en relación a lo que estado ocurriendo con el caso Rózsa, una patraña que ha sido suficientemente desenmascarada, pero que aún requiere de mayor fuerza para que la opinión pública conozca los hechos que son capaces de cometer individuos sin escrúpulos. No cabe duda que los resortes internacionales que funcionaron muy bien con el norteamericano, terminarán ejerciendo presión para lograr justicia para los acusados, procesados, perseguidos y calumniados de terrorismo y separatismo. No olvidemos que los tres ejecutados el 16 de abril de 2009 eran ciudadanos europeos, cuyos países están haciendo esfuerzos por esclarecer este hecho y conseguir justicia, tanto para los asesinados como para otros acusados que hoy están sometidos a un proceso por demás de amañado.
Es ponderable que las autoridades de Gobierno estén decididas a acabar con abusos de esta naturaleza. Esas acciones hay que alentarlas y exigir una limpieza moral de las instancias públicas, pero es imprescindible también que la sociedad civil reaccione, se movilice para denunciar con todo lujo de detalle lo que ha sucedido con el caso Rózsa, los tristes episodios del Porvenir, la represión de Chaparina y otros hechos en los que han intervenido estos funcionarios, cuyo “blindaje” político se debilitará en la medida en la que salgan a luz todas sus fechorías, que sin lugar a dudas alcanzan la categoría de terrorismo de Estado.
En ese sentido, el Comité Cívico de Santa Cruz ha hecho una convocatoria concreta a los familiares de los presos y perseguidos políticos que han sido blanco de los inescrupulosos funcionarios mencionados. Este es un paso importante para buscar la justicia que hace falta en Bolivia.
El mundo globalizado afortunadamente ofrece excelentes oportunidades para buscar justicia, para combatir abusos como el que fue perpetrado contra Jacob Ostreicher, cuyos contactos demoraron algún tiempo, pero al final tocaron las puertas correctas con resultados muy efectivos y contundentes.
El régimen ha sido muy eficiente a la hora de infundir miedo, trauma que es necesario superar para reconquistar la democracia y la libertad. Eso fue lo que hizo Jacob Ostreicher y es lo que deben hacer todos quienes han sido extorsionados, calumniados y atemorizados durante más de tres años en el marco del denominado “caso Terrorismo”.
Como se sabe, dos de los detenidos en relación a la banda gubernamental de extorsionadores, has sido actores fundamentales en el Ministerio de Gobierno, realizando el trabajo sucio en diversos casos y sus instrumentos han sido siempre la extorsión, el chantaje y el miedo, herramientas que usaron contra las víctimas y también contra importantes administradores de justicia . Hasta último momento han estado ejerciendo presión sobre jueces y fiscales, donde estos sujetos ejercían amplios poderes.
Es obvio que todos los actores de este escándalo tienen contactos y relaciones íntimas con las máximas instancias del poder, pero aún así, perder el miedo sería la única alternativa de todos quienes han sido víctimas de sus oscuras maniobras y atrocidades.
El caso Ostreicher seguramente quedará chico en relación a lo que estado ocurriendo con el caso Rózsa, una patraña que ha sido suficientemente desenmascarada, pero que aún requiere de mayor fuerza para que la opinión pública conozca los hechos que son capaces de cometer individuos sin escrúpulos. No cabe duda que los resortes internacionales que funcionaron muy bien con el norteamericano, terminarán ejerciendo presión para lograr justicia para los acusados, procesados, perseguidos y calumniados de terrorismo y separatismo. No olvidemos que los tres ejecutados el 16 de abril de 2009 eran ciudadanos europeos, cuyos países están haciendo esfuerzos por esclarecer este hecho y conseguir justicia, tanto para los asesinados como para otros acusados que hoy están sometidos a un proceso por demás de amañado.
Es ponderable que las autoridades de Gobierno estén decididas a acabar con abusos de esta naturaleza. Esas acciones hay que alentarlas y exigir una limpieza moral de las instancias públicas, pero es imprescindible también que la sociedad civil reaccione, se movilice para denunciar con todo lujo de detalle lo que ha sucedido con el caso Rózsa, los tristes episodios del Porvenir, la represión de Chaparina y otros hechos en los que han intervenido estos funcionarios, cuyo “blindaje” político se debilitará en la medida en la que salgan a luz todas sus fechorías, que sin lugar a dudas alcanzan la categoría de terrorismo de Estado.
En ese sentido, el Comité Cívico de Santa Cruz ha hecho una convocatoria concreta a los familiares de los presos y perseguidos políticos que han sido blanco de los inescrupulosos funcionarios mencionados. Este es un paso importante para buscar la justicia que hace falta en Bolivia.
Es ponderable que las autoridades estén decididas a acabar con abusos de esta naturaleza. Esas acciones hay que alentarlas y exigir una limpieza moral de las instancias públicas, pero es imprescindible también que la sociedad civil reaccione, se movilice para denunciar con todo lujo de detalle lo que ha sucedido con el caso Rózsa.
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