Previus. De ser así como asegura Romero entonces, si es una Ley que ha de beneficiar al Tesoro, porqué no explicarla, porqué no consensuarla, porqué no convencer de sus bondades a la ciudadanía en lugar de ir a la simple negación de que perjudicará a pichicateros, contrabandistas, a los que se enriquecen de la noche a la mañana a costillas del Estado?
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, insistió ayer que el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes en favor del Estado afecta a los "magnates" de la delincuencia organizada y no al pueblo.
La norma en debate determina la confiscación de bienes mal habidos e ilícitos producto del narcotráfico, el contrabando y la corrupción.
En una entrevista con medios estatales, Romero insistió también que hay una campaña anónima de distorsión del contenido del proyecto que ha generado una "psicosis colectiva", particularmente en los transportistas y gremiales, que han amenazado con movilizaciones y huelgas si la norma llega a aprobarse en el Legislativo.
Dejó en claro que el patrimonio familiar y sus instrumentos de trabajo son "inembargables" constitucionalmente.
Señaló que los magnates de la delincuencia son los contrabandistas y narcotraficantes, que pueden llegar a adquirir decenas de inmuebles y equipos logísticos para reproducir sus actividades delincuenciales. Asimismo, rechazó el discurso que advierte que esa norma afectará a los ciudadanos.
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