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lunes, 28 de octubre de 2013

El Dia cree interpretar el alcance de "la conversión política del MAS" destinada a recuperar a la clase media, a ganar prestigio internacional, a conseguir aceptación general ante la contienda electoral en marcha.

Ante los que manifiestan su sorpresa por el inusitado interés del Gobierno de sacar toda su artillería en la lucha contra el narcotráfico y la erradicación de la coca excedentaria, algunos jerarcas del MAS con cierto manejo de discurso oficial, como es el caso del senador René Martínez, ha ensayado una respuesta de lo más interesante. Ha dicho que se trata de una “conversión política” destinada a diversificar la matriz productiva del campo y por supuesto, ampliar el abanico electoral del “proceso de cambio” con miras a las elecciones del 2014.

Esa conversión es una apuesta muy fuerte que hace el Gobierno, al extremo de que el presidente Morales, nada menos que el máximo líder de los cocaleros del país, ha dicho que el grito “Viva la coca” ha pasado de moda.

Las posibilidades de ganancia de este giro político y discursivo son enormes. En primer lugar, el presidente Morales busca recuperar su prestigio internacional, venido a menos porque cada vez suena con mayor insistencia la cantaleta del “narco-estado” y la supuesta complicidad de su régimen con las grandes multinacionales de la cocaína.  En segundo lugar, el MAS está urgido de conseguir el voto de la clase media que se le escapó con el Tipnis y otros casos de abuso y la manera de conseguirlo es a través de una prueba moral fehaciente de que el proceso de cambio no protege la economía ilegal, como insistentemente se ha mencionado estos años.

Por último, la estrategia que se ha puesto en marcha en Apolo, es una demostración de que el Estado y la autoridad siguen existiendo, que no solo se dedica a perseguir a los opositores y a los enemigos del régimen y que está del lado de “los buenos” ya que en los últimos años, la línea que dividía a los “policías” y “ladrones” comenzaba a borrarse, lo que hacía pensar que Estado era algo innecesario. Los numerosos casos de extorsión descubiertos, dieron la impresión de que el control político se había banalizado hasta convertirse en un mero asunto de lucro.

Obviamente no se puede descartar de este cuadro de análisis, el asunto del mercado. Atacar a los cocaleros del norte de La Paz, de Los Yungas y seguramente de otros sitios muy bien estudiados, es la manera que tiene el régimen de proteger a la élite privilegiada de este país que estaría próxima a dar paso a su legalización, a través de la fijación de la meta (seguramente virtual) de 20 mil hectáreas, una cifra que les asegura un statu quo a la nueva burguesía nacional. La coca se estaba convirtiendo en un producto demasiado extendido en el país, lo que amenazaba con quitarle el rango de exclusividad que no deja de tener secuelas económicas, no solo porque baja el precio de la “hoja sagrada” sino porque sustituye a los productos de la canasta familiar cuya escasez pone a Bolivia bajo amenaza de seguridad alimentaria.

La reacción de los cocaleros (o narcotraficantes) de Apolo, que se cargaron cuatro vidas en el primer ataque, no deja lugar a dudas de que ellos también van en serio. El riego de esta conversión política es desatar un grave conflicto que entraña el peligro de un foco guerrillero. Además, para “convertir” a miles de cocaleros de Apolo, de Los Yungas y de tantos otros lugares que han incursionado en el negocio, el Gobierno necesita poner en marcha un gigantesco plan de erradicación forzosa de coca, interdicción y desarrollo alternativo, algo que el presidente siempre ha evadido porque es sinónimo de intervención y que huele a imperialismo.
Esa conversión es una apuesta muy fuerte que hace el Gobierno, al extremo de que el presidente Morales, nada menos que el máximo líder de los cocaleros del país, ha dicho que el grito 'Viva la coca' ha pasado de moda.

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