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lunes, 14 de octubre de 2013

las denuncias por millonarios sobreprecios en tres proyectos masistas, deben ser respondidas con hechos, con cifras y documentos, no sólo con insultos.

A raíz de los duros intercambios verbales entre un conocido empresario y dirigente opositor con autoridades de Gobierno, una vez más se pusieron en el tapete los urticantes temas de las adjudicaciones de obras públicas y/o compras directas que realiza el Estado. Hay una denuncia de 382 millones de dólares de sobreprecio en tres proyectos gubernamentales, con pedido de que este asunto sea investigado por la Contraloría y el Ministerio de Transparencia. El vicepresidente descalificó la denuncia arremetiendo contra el denunciante con duros epítetos.

La ciudadanía espera que estas cosas se aclaren, para beneficio de todos los involucrados y del propio país, pues hay mucho dinero en juego. Según la denuncia y la noticia divulgada por un diario paceño, la Planta de Urea y Amoniaco de Bulo Bulo, bajo responsabilidad de YPFB, tiene un sobreprecio de 170 millones de dólares. A su vez, el Ingenio Azucarero de San Buenaventura tiene un sobreprecio de 80,5 millones de dólares. En el proyecto de la construcción del teleférico La Paz-El Alto se dice que existe un sobreprecio de 130 millones de dólares.

No es la primera vez que surgen estas denuncias y probablemente tampoco será la última. En casi todos los casos recientes, las autoridades del oficialismo han reaccionado mediante fuertes frases que lindan en el brulote, cuando lo correcto debiera ser responder calmadamente, presentando con absoluta claridad procesos de compra o adjudicación, para así desmentir cualquier presunta irregularidad. No emitimos juicios ni a favor ni en contra de nadie, pues no somos opositores ni políticos, pero sí somos un órgano de opinión independiente que se encuentra al servicio de la sociedad. 

El pueblo merece siempre saber de qué se trata. Solamente se pretende la verdad.
En varias oportunidades el Gobierno ha procedido con compras directas sin seguir los debidos procesos, argumentando urgencias o “gangas imperdibles”. Ese fue el caso del lujoso avión presidencial y se pueden citar otros. Creemos que en una administración que propuso desde su inicio el lema “corrupción cero”, la única manera de evitar que eventualmente esos ceros se multipliquen perversamente en los bolsillos de unos pocos, va por la sana vía de la transparencia absoluta en materia de adquisiciones, como también de toda acción gubernamental que comprometa fondos estatales surgidos de nuestros impuestos y del erario. No se pide nada fuera de lo extraordinario, solamente que se cumpla lo que prescribe la ley en la materia para iluminar al soberano. Eso sí será gobernar ‘obedeciendo al pueblo’ (Editorial de El Deber, SC, Bolivia)

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