el Estado convertido en instrumento de la Justicia, con dictámenes directos y bochornosos del Ejecutivo, hace del derecho su arma más denigrante y arremete contra los ciudadanos sin piedad. Carlos Cordero reflexiona sobre 1 casos flagrantes

Cuando parecía que el lanzamiento del satélite Túpac Katari, adquirido por Bolivia al Gobierno chino por algo más de 300 millones de dólares, iba a convertirse en la noticia de fin de año, el sistema de justicia y seguridad del cada vez más sombrío Estado Plurinacional dio la puntada negativa, dejando a los bolivianos un amargo sabor en la boca.

Jacob Ostreicher, que llegó a Bolivia ilusionado por el discurso de un Gobierno revolucionario, se fugó del país y de sus carceleros, acosado por una red de extorsionadores, integrados a un sistema judicial corrupto que hizo desaparecer 30 millones de dólares de propiedad del ciudadano judío-estadounidense. Según los argumentos de funcionarios gubernamentales, miembros de la lucrativa red de extorsión, los millones de Ostreicher tendrían un origen mafioso. 

En tres años de prisión, tanto en la cárcel de Palmasola como en su arresto domiciliario, el sistema judicial no logró demostrar nada de lo que acusaba a Jacob, pero la siniestra red de extorsión hizo desaparecer los varios millones de dólares que trajo al país, hasta empujarlo a la fuga, desesperado por la violencia institucionalizada de la justicia boliviana.

Jorge Quiroga Ramírez, ex presidente boliviano, es otra de las tantas víctimas del atroz sistema judicial descrito. En este particular caso, el Estado tiene como agravante el haber convertido a los medios y recursos humanos de la justicia en títeres del poder político, en eficaz instrumento para amedrentar y perseguir ciudadanos mediante la instauración de procesos judiciales, con motivos o sin ellos. Estos juicios instruidos desde el poder no tienen el propósito de hacer justicia, sino de escarmentar.

Quiroga Ramírez, junto a otros exmandatarios y autoridades de la empresa petrolera boliviana, en 2005 fueron acusados de “explotar hidrocarburos sin permiso del Congreso, causando daño económico al firmar contratos lesivos” a los intereses del Estado. Han transcurrido ocho años de haberse iniciado aquella acusación y recién, en diciembre de 2013, el Tribunal Supremo de Justicia resolvió otorgar medidas sustitutivas al exgobernante, que debe firmar un libro de asistencia una vez por mes y presentar cuatro garantes solventes para salir de Bolivia.

Si un expresidente de Bolivia debe vivir bajo zozobra, acusado sin fundamento, entrando y saliendo de tribunales durante casi una década, ¿qué puede esperar de la justicia un ciudadano boliviano de a pie? Nada, excepto más Estado y menos derechos