Resulta innegable que la fuga del estadounidense Jacob Ostreicher, procesado por un supuesto lavado de dinero, que huyó de La Paz y que actualmente está en alguna ciudad de Estados Unidos, repercute en la seguridad nacional toda vez que esta persona se encontraba con medidas judiciales que le otorgaron detención domiciliaria y arraigo.
Ostreicher llegó al país para hacerse cargo de sus negocios y fue acusado por lavado de dinero, fue arrestado en junio de 2011 y en diciembre de 2012 quedó con detención domiciliaria. Invirtió junto con un socio suizo 25 millones de dólares en un negocio de arroz y compraron tierras a un conocido narcotraficante, acusado además de asesinato y lavado de dinero. Entre sus antecedentes figura la denuncia de que funcionarios del Ministerio de Gobierno le habrían pedido dinero para revocar la detención domiciliaria. Varios de la red de extorsión están en la cárcel.
El caso Ostreicher es uno de los más intrincados en los tribunales en materia penal y tiene componentes, que como se puede apreciar, son diversos. A este caso ahora se añade la fuga del país, posiblemente por el Perú y que, de acuerdo a versiones de un diario norteamericano, se habría operado mediante un grupo especializado. Ahora, las versiones sobre este hecho, son diversas, desde los abogados que en principio negaron, hasta otras, sobre un posible secuestro e incluso sobre la propuesta de un grupo de venezolanos que le habrían ofrecido salir de Bolivia conjuntamente su amigo Sean Penn.
Más allá de estos antecedentes y otros, que son importantes tomarlos en cuenta para sopesar la importancia y las connotaciones que tiene el norteamericano que de una u otra manera propició la cárcel para el grupo de corruptos funcionarios extorsionadores, el problema principal, ahora está en una serie de cuestionamientos sobre la seguridad nacional, que en este caso, tiene que ver con el cumplimiento de medidas judiciales, que en todo caso, comprenden prevenciones dentro de un proceso judicial.
La huida del norteamericano que se encontraba bajo la jurisdicción de la justicia deja en entredicho la acción de vigilancia de la Policía Nacional, los procedimientos de rutina que se cumplen en una detención domiciliaria y el arraigo, la seguridad en los puntos fronterizos, más cercanos o próximos a una posible fuga, en este caso la frontera con el Perú, es decir, los dispositivos de seguridad y alerta, que contrastan, con lo que se evidenció la noche en que se dio la voz de alerta de la posible fuga, precisamente en su domicilio, rodeado por el silencio y la oscuridad.
La ministra de Justicia Cecilia Ayllón ha informado que “el procesado Jacob Ostreicher ha fugado del país, oficialmente tenemos el reporte migratorio, él ha salido por el Perú el día domingo en horas de la noche, ya el día lunes ha estado en los Estados Unidos, ha habido información al respecto cuando han mencionado que era una alegría para los Estados Unidos de que Jacob Ostreicher vuelva a casa”. Poco menos que las autoridades nacionales son las últimas en enterarse de este hecho.
Como se trata de un asunto que atañe a la seguridad nacional que tiene que ver con un proceso bajo jurisdicción, las explicaciones deben estar a la altura de una situación delicada, es decir, que tienen que tener la proporcionalidad de algo grave. Más aún, si existe un antecedente anterior relacionado con otra fuga, la del senador de oposición Róger Pinto, exasilado en la embajada de Brasil y que salió del país de Bolivia protegido por el más alto funcionario de esa representación.
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