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miércoles, 25 de diciembre de 2013

WaldoTorres arremete. con ágil pluma describe las mil formas de corrupción y cómo Bolivia, para verguenza colectiva, va calificando cada vez en niveles más bajos, de los que Evo parece sentirse orgulloso, porque hay que ver cómo se ufana, cual si fuese un rey inca (que de paso eran reyes tiranos)

Según Transparencia Internacional ocupamos el lugar 106 entre 175 países calificados por su corrupción interna. El índice mide como perciben los ciudadanos a su administración pública y qué piensan de los actuales políticos.

Así, estamos estancados en el grupo de los países más corruptos. Como una pesadilla arrastramos esta vergüenza nacional en una sucesión de graves episodios de corrupción estatal, no atribuibles solo a este Gobierno, pero en este caso no aparecen como hechos aislados, sino como productos de la concentración del poder sin control. 


La Policía, la Fiscalía, la Contraloría y los Juzgados tienen en sus cajones miles de expedientes que se arrastran en el tiempo. Los ciudadanos votan confiando en comportamientos honestos, pero es una ilusión, la corrupción esta presupuesta. El cinismo político esta enquistado. La corrupción en Bolivia es endémica, letal por ser sistemática, forma parte de la propia estructura, es algo innato a la cultura popular, es decir no es ocasional o coyuntural, sino algo absolutamente normal, la administración pública está pensando en la corrupción. 

El Gobierno, como órgano que controla todos los recursos, es el campeón de la corrupción, el que al impedir el acceso libre a la información evita el escrutinio público y se hace cómplice de la impunidad. Y es la impunidad lo que permite a la corrupción ganar terreno. El absurdo de nuestro sistema penal que no condena sino a delitos cuya pena sea mayor a tres años, es una barrabasada jurídica. Debe ajustarse la norma mediante una reforma para cerrar el espacio a este vicio. Los delincuentes saben que es muy fácil ingresar y salir por la puerta giratoria de los juzgados. 

El robo es a los pobres y tiene doble consecuencia: se roba a sus oportunidades y es un expolio que impide la inversión extranjera porque el riesgo país es muy alto. Las leyes de transparencia no sirven para combatirla, la ley regula la realidad, pero no la sustituye y nunca han dado resultado. Y son los ciudadanos corresponsables porque ven y toleran que unos ‘vivos’ hurten los dineros de todos. Esto se demuestra cuando políticos imputados, e incluso condenados, se presentan a las siguientes elecciones y las ganan.

Las penas de inhabilitación o suspensión para cargo público son raras, el condenado puede volver a ejercer como si nada hubiera sucedido. La vigilancia y la sanción son propias del ciudadano, sus denuncias sumadas a la defensa de la libertad de expresión, son las únicas que reemplazan a los controles institucionales que no sirven. Y se la combate atacando sus causas y no los efectos, se la erradica con una mejor educación moral y bajando los índices de pobreza. Mientras tanto la corrupción estará en nuestro código genético.

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