aviones de lujo, satélites multimillonarios, gastos militares en tiempos de paz, son items que el Gobierno debiera sustituir por atender demandas de igualdad en el plano económico cuando se alegra por el crecimiento "extraordinario". El Deber, SC

Las cifras de crecimiento de Bolivia siguen siendo positivas. Este 2013 terminará con un crecimiento neto del 6,5% de la economía. Para 2014 varios organismos internacionales predicen que, pese a existir condiciones menos favorables en el contexto internacional, igual la economía de Bolivia continuará creciendo a tasas razonables; será solamente superada en Sudamérica por Perú y Paraguay.

Son buenas noticias, merecen ser destacadas, pero al mismo tiempo urge aprovechar estas positivas condiciones para proseguir con la superación de problemas estructurales que el país arrastra de larga data. Y aquí el papel del Estado resulta ser fundamental. Por encima de todo rol nuevo que se le quiera endilgar o del llamado ‘Estado-empresario’, el Estado se ha constituido históricamente para ser esencialmente el gran equilibrador y regulador, el ente supremo encargado de distribuir socialmente los excedentes a fin de aminorar desigualdades e introducir cambios cualitativos.

En función de lo expresado, y según nuestra perspectiva, es imperativo que el Estado boliviano prosiga en el futuro inmediato con planes adecuados de distribución social que garanticen disminución de pautas de pobreza, superación de la desnutrición infantil, la creación de mejores condiciones en materia de infraestructura para la escolaridad, para la salud pública y para superar –o mitigar– otros menesteres sociales que, por sus carencias actuales, hacen que nuestro país aún figure en escalas bajas en materia de desarrollo humano.

Si el Estado boliviano compra aviones de lujo para sus principales ejecutivos, adquiere satélites de telecomunicaciones, promueve inversiones ingentes en nuevas empresas estatales y realiza fuertes gastos militares (en tiempos de paz y sin atisbos de conflictos en el horizonte), es bueno que quienes conducen a ese mismo Estado recuerden también que el papel fundamental de este estriba –como ya lo expresamos– en la superación de inequidades.

Por tanto, la inversión pública en materia social resulta imprescindible para la promoción de mejores condiciones globales y como factor de desarrollo. La parte privada de la economía contribuye con sus impuestos. La parte estatal tiene que hacer lo suyo, que no es otra cosa que optimizar e incentivar la distribución social para mejorar la calidad de vida del pueblo boliviano en su conjunto y crear así condiciones que generen igualdad de oportunidades para todos