Muchos sabios de la historia y teóricos de la democracia han coincidido en que los políticos deberían trabajar lo menos posible, pues su misión es ser árbitros en una sociedad que debe buscar por sí misma su propia supervivencia y prosperidad. Mientras más se mete el Estado, mientras más madrugan y se esfuerzan los gobernantes, regulando, haciendo leyes, prohibiendo, encarcelando, estableciendo cupos, controles, los resultados son totalmente adversos y en eso, el transcurrir el tiempo es rico en ejemplos. Obviamente lo opuesto también es nocivo para cualquier país que aspire a una convivencia armónica dirigida hacia el bien común.
En los últimos tres años, desde la puesta en vigencia de la nueva Constitución y el inicio del Estado Plurinacional se han promulgado casi 300 leyes y 944 decretos en el país, a una razón de 100 normas por año en promedio, aunque el más prolífico fue el 2011, con 141 leyes aprobadas.
Semejante cantidad arroja un total de dos leyes por semana, algo imposible de concebir en un país que pretenda ser serio, pues una norma suele requerir un periodo de elaboración, consulta, consenso y corrección antes de pasar a la fase del debate que también toma su tiempo. Obviamente eso no es lo que ha pasado en la Asamblea Plurinacional, donde más de la mitad de las iniciativas legislativas provienen desde el Órgano Ejecutivo con órdenes expresas de levantar la mano a favor y la otra mitad son contratos y toda una serie de documentos administrativos en los que la discusión también suele ser nula, aunque fuera un requisito de gran peso para evitar la corrupción y los lados oscuros, que por cierto, están apareciendo con mucha frecuencia últimamente.
El cuadro de contradicciones sobre el trabajo del Gobierno, que madruga mucho pero sin saber por qué, es mucho más inquietante cuando se admite que más de la mitad de las leyes que se aprueban terminan en el papel, la foto y los puños levantados. Nadie las conoce, nadie hace esfuerzos por difundirlas y aparentemente no son del interés de los que debieran, por lo tanto no se aplican.
La conclusión figura en un informe legislativo de la gestión 2012, en el que se afirma que de las 97 leyes aprobadas en este año, solo el 40 por ciento se aplican y el resto, sobre todo las relacionadas con el funcionamiento de los municipios y las gobernaciones, se han quedado en los anaqueles y las páginas de internet de las instituciones.
Hay varios ejemplos de leyes que son un verdadero “saludo a la bandera”, como la relacionada con la seguridad ciudadana, la de control de expendio de bebidas alcohólicas, la de trata y tráfico de personas, la ley preferente para discapacitados y la de revolución industrial y productiva, entre muchas otras. Esas normas suelen tropezar con falta de presupuesto, superposición de competencias, carencia de infraestructura y personal para ponerlas en práctica, lo que refleja que el trabajo legislativo sigue haciéndose desde los escritorios, sin el menor contacto con la realidad y en total desconocimiento del funcionamiento de las instituciones públicas.
Obviamente hay leyes y decretos que funcionan y muy bien. Mientras que sigue pendiente la aplicación de la prohibición de importación y venta de ropa usada, por ejemplo, todas las normas aprobadas en relación a los controles establecidos en contra de los sectores productivos, como el azucarero, la soya, la carne y el maíz, entre otros, funcionan como un reloj.
En los últimos tres años, desde la puesta en vigencia de la nueva Constitución y el inicio del Estado Plurinacional se han promulgado casi 300 leyes y 944 decretos en el país, a una razón de 100 normas por año en promedio, aunque el más prolífico fue el 2011, con 141 leyes aprobadas.
Semejante cantidad arroja un total de dos leyes por semana, algo imposible de concebir en un país que pretenda ser serio, pues una norma suele requerir un periodo de elaboración, consulta, consenso y corrección antes de pasar a la fase del debate que también toma su tiempo. Obviamente eso no es lo que ha pasado en la Asamblea Plurinacional, donde más de la mitad de las iniciativas legislativas provienen desde el Órgano Ejecutivo con órdenes expresas de levantar la mano a favor y la otra mitad son contratos y toda una serie de documentos administrativos en los que la discusión también suele ser nula, aunque fuera un requisito de gran peso para evitar la corrupción y los lados oscuros, que por cierto, están apareciendo con mucha frecuencia últimamente.
El cuadro de contradicciones sobre el trabajo del Gobierno, que madruga mucho pero sin saber por qué, es mucho más inquietante cuando se admite que más de la mitad de las leyes que se aprueban terminan en el papel, la foto y los puños levantados. Nadie las conoce, nadie hace esfuerzos por difundirlas y aparentemente no son del interés de los que debieran, por lo tanto no se aplican.
La conclusión figura en un informe legislativo de la gestión 2012, en el que se afirma que de las 97 leyes aprobadas en este año, solo el 40 por ciento se aplican y el resto, sobre todo las relacionadas con el funcionamiento de los municipios y las gobernaciones, se han quedado en los anaqueles y las páginas de internet de las instituciones.
Hay varios ejemplos de leyes que son un verdadero “saludo a la bandera”, como la relacionada con la seguridad ciudadana, la de control de expendio de bebidas alcohólicas, la de trata y tráfico de personas, la ley preferente para discapacitados y la de revolución industrial y productiva, entre muchas otras. Esas normas suelen tropezar con falta de presupuesto, superposición de competencias, carencia de infraestructura y personal para ponerlas en práctica, lo que refleja que el trabajo legislativo sigue haciéndose desde los escritorios, sin el menor contacto con la realidad y en total desconocimiento del funcionamiento de las instituciones públicas.
Obviamente hay leyes y decretos que funcionan y muy bien. Mientras que sigue pendiente la aplicación de la prohibición de importación y venta de ropa usada, por ejemplo, todas las normas aprobadas en relación a los controles establecidos en contra de los sectores productivos, como el azucarero, la soya, la carne y el maíz, entre otros, funcionan como un reloj.
Hay varios ejemplos de leyes que son un verdadero “saludo a la bandera”, como la relacionada con la seguridad ciudadana, la de control de expendio de bebidas alcohólicas, la de trata y tráfico de personas, la ley preferente para discapacitados y la de revolución industrial y productiva, entre muchas otras.
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