Huanuni, Himalaya, Laramquta, Sayakira, Colquiri, Porco, Teoponte, Mallku Quta, entre otros, son algunos ejemplos de la codicia que despierta el auge de la riqueza minera.
Se sabe, en la minería, que los tiempos de vacas gordas son breves; a veces duran muy poco y hay que aprovecharlos al máximo, pues no se puede saber cuándo volverán las épocas de esplendor.
Arrancar los recursos contenidos en los sombríos y oscuros socavones es una tarea complicada, peligrosa y pocas veces compensa el enorme sacrificio que implica.
Por ello, cuando suben —como en el momento presente— las cotizaciones internacionales de los minerales, los obreros del sector buscan explotar las mayor cantidad posible para venderlos a quien ofrezca más y disfrutar de un bienestar pasajero, antes de volver a sufrir la miseria y estrecheces de casi siempre.
Eso explica las tomas —muy mal llamadas avasallamientos— que han sucedido recientemente.
Da la impresión de que muchos sectores, principalmente los cooperativistas, están alentados por un sentimiento de “ahora o nunca”, y en ese afán, como sucede en la mina Himalaya, el wólfram explotado sólo beneficia a quienes literalmente se han apoderado de ese mineral, que pertenece a todos los bolivianos.
Esto es posible por la carencia de una ley que regule las actividades mineras en el país, que imponga penas a quienes defrauden impuestos.
Desde esta misma columna se dijo que el Estado actúa con energía sobre contribuyentes que evaden facturar, o sea tributar, por montos irrisorios en comparación con el fraude fiscal en que incurren quienes se dedican al saqueo de la riqueza minera. Y éstos no sufren el menor problema por ello.
Es imprescindible, pues, que se cuente con una ley que establezca obligaciones y derechos de los sectores que participan en la minería. Que se establezcan no sólo las obligaciones tributarias, de pago de regalías y otros, sino que se detallen, con precisión absoluta, los pasos previos al comenzar cualquier labor de explotación minera, tales como la obtención imprescindible de licencias ambientales, la construcción de diques de colas y plantas de tratamiento de los desechos industriales.
Hay pocas actividades que causan tanta polución como la minería, a grado tal de que los propios trabajadores sufren las consecuencias, traducidas en silicosis. Los campos agrícolas y las comunidades asentadas cerca de los puntos de explotación minera son víctimas de los desechos industriales mineros.
También, esa normativa debe establecer cuáles son los derechos de quienes explotan la riqueza, pues si cumplen con todas sus obligaciones (cooperativistas, privados y el mismo Estado) deben gozar de seguridad jurídica.
La parte patronal, y ésta incluye a los socios de las cooperativas, debe proporcionar seguridad laboral a sus dependientes y entre ellos mismos. Si alguna de estas unidades productivas no puede proveer tan elemental cuestión, no debe comenzar sus operaciones.
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