Al parecer, también en Bolivia la racionalidad, la inteligencia, el sentido común, han sido secuestrados. No otra cosa se puede percibir cuando un fallo del Tribunal Constitucional sale por peteneras, un partido de la politiquería criolla, la COB, va violentamente a las calles, se destapan sueldos y salarios que se conocían de antes, y no se dijo ni se hizo nada, y cuando se pone en riesgo el sistema democrático, por muy de mercado que sea.
Pero es que no sólo la parte sustancial de las leyes se desconoce abiertamente sino que las mismas posiciones partidistas sobre alternancias se hacen a un lado por conveniencias del momento.
Y, en todo este ambiente, lo que está en riesgo es la seguridad, la institucionalidad e, infelizmente, ni siquiera en quienes se declaran opositores se puede percibir buena fe.
Hay muchas preguntas que se podrían hacer. ¿Dónde se quiere llevar a las minas? ¿A la catástrofe? ¿A que, otra vez, alguien nos diga: Bolivia se nos muere y regresen la relocalización, la privatización, la rifa del patrimonio del Estado? ¿Sólo los gobernantes deben respetar la ley o también los gobernados? ¿Alguien está inflando las velas de la subversión? ¿Por qué no se cumple el mandato constitucional del derecho a la libre sindicalización y, por ende, se suspenden los cobros coercitivos de cuotas? ¿Marxistas y trotskistas que hoy levantan las banderas de derechos o teorías socialistas, no fueron acaso los que produjeron o dieron paso a muchos tiranos? ¿Por qué no se aplica el Código Penal? Si bien vivimos un estado de derecho, ¿acaso no existen también los deberes propios de una democracia donde se delega parte de la soberanía? ¿Todavía hay privilegios públicos y escondidos?
La racionalidad se ha secuestrado por el sectarismo, la intolerancia, la demagogia; pues es tan demagógico fallar fuera de la parte sustantiva de la Constitución Política del Estado como que un partido se atribuya el monopolio del sindicato o la soberanía del pueblo.
Y no es cuestión de hacer aparecer leyes y leyes sino de aplicarlas de acuerdo a su filosofía y congruencia; no es cuestión de violar las disposiciones legales por medio de otras sino de cumplir sus mandatos.
¿Quo vadis? Porque si bien el Tribunal Constitucional dejó ya muchas dudas en su fallo sobre el desacato, las profundiza con el último; pero no sólo ellos sino también los “dirigentes sindicales”, los “movimientos sociales”, los “legisladores”. Estamos, innecesariamente, convulsionando el ambiente. ¿A dónde quieren llevarnos?
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